El Alto Comisionado descarta una posible vuelta a las armas de las FARC pese a la matanza de ex guerrilleros
MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
"De ninguna manera el Gobierno del presidente (Iván) Duque ha planteado modificar el acuerdo" de paz suscrito por su antecesor inmediato, Juan Manuel Santos, con la guerrilla de las FARC, a pesar de la "preocupación" que le generan algunas "debilidades" en materia de justicia transicional, ha sostenido el Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, en una entrevista concedida a Europa Press.
"El proceso de paz es una oportunidad para Colombia", ha defendido Ceballos, subrayando que "es el resultado de un esfuerzo grande, no solo de un gobierno, que fue el anterior, sino de muchos gobiernos", porque su implementación "está pensada para más de tres periodos presidenciales", de cuatro años cada uno.
Ceballos ha recordado que el Gobierno de Santos tuvo 20 meses de implementación del acuerdo de paz, mientras que la Administración Duque lleva solo nueve meses. "Estamos solo ante el inicio" de un "periodo de transición" plagado de "retos" en el que "hay que ir dando pasos", ha ilustrado.
El Alto Comisionado ha reconocido que aún "hay muchas personas en Colombia que no estuvieron de acuerdo con el contenido de los acuerdos y que necesitan asimilarlos, entenderlos, valorarlos". Entre ellos se cuenta Centro Democrático, el partido político de Duque y su mentor, el ex presidente Álvaro Uribe.
Sin embargo, el jefe de la oficina de paz ha querido dejar claro que "de ninguna manera el Gobierno del presidente Duque ha planteado reformar los acuerdos". Es más, ha destacado, el mandatario colombiano "ha sido enfático en su voluntad política y en su voluntad personal de implementar los acuerdos".
Interrogado a este respecto sobre las seis objeciones que Duque presentó en el Congreso a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una norma clave para el funcionamiento de la justicia transicional creada por el acuerdo, ha defendido que "no se presentaron para debilitar el proceso, sino para evitar que se debilitara".
"La mayoría están relacionadas con una preocupación que tiene el Gobierno, que se creen circunstancias de impunidad", esto es, que jefes de las FARC no considerados "máximos responsables" pero que cometieron "delitos muy graves" sean amnistiados, que quienes reincidan no sean castigados y que personas ajenas al conflicto armado, como 'narcos', se "cuelen" en el proceso para beneficiarse de la JEP, por ejemplo, evitando la extradición, "no solo a Estados Unidos sino a otros países del mundo con los que tenemos cooperación judicial", ha explicado.
"Entonces, el espíritu y la filosofía de presentar las objeciones no era para debilitar el proceso, era para fortalecerlo" tratando de llenar unos "vacíos" en la JEP que, según ha advertido, "no van a desaparecer" por el hecho de que tanto el Congreso --diputados y senadores-- como la Corte Constitucional se hayan negado a aceptar las precisiones de Duque.
DIÁLOGO "PERMANENTE" CON LA FARC
Ceballos ha valorado que, tras el varapalo del Congreso y el Constitucional, "hubo varios sectores políticos, incluso que no hacen parte de la coalición de Gobierno, que encontraron válidas las preocupaciones" del Ejecutivo. Ha mencionado en concreto al Partido Liberal, que ha impulsado una ley interpretativa para "llenar los vacíos" relativos a la garantía de no extradición porque cree que la redacción actual "abre una ventana" de impunidad.
Aprovechando este impulso, Duque ha llamado a "un gran consenso político" y ya ha entablado contacto con otros partidos para sacar adelante las reformas legales necesarias para apuntalar la JEP. La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido político surgido de la extinta guerrilla, se ha quejado de que no ha sido invitado.
Ceballos ha esgrimido que la FARC "es un partido de oposición" y por eso Duque busca a sus aliados naturales, "como en cualquier otro país del mundo". Para el Alto Comisionado, este tipo de confusión "forma parte de la maduración política de la FARC", a la que ha instado a no usar el acuerdo de paz para una "campaña política".
Ceballos ha asegurado además que "el diálogo nunca ha dejado de existir" entre el Gobierno y las FARC. En este sentido, ha recordado que es "permanente" en la Comisión de Verificación, Seguimiento e Impulso, que cuenta con tres representantes de la Casa de Nariño y otros tantos del antiguo grupo armado.
Preguntado sobre la posibilidad de renegociar con la FARC los ajustes que a Duque le gustaría hacer a los textos negociados durante cuatro años en La Habana, ha aseverado que "nunca se ha planteado" porque esa eventual modificación corresponde ahora al Congreso, no a los firmantes.
¿VUELTA A LAS ARMAS?
Por otro lado, se ha referido a los "retos" a los que se enfrenta la implementación de lo acordado. Según datos del Gobierno, desde la entrada en vigor del acuerdo de paz, un total de 133 ex combatientes han sido asesinados, algo que la FARC ha considerado una "traición" del Estado, que debe protegerlos.
Ceballos ha precisado que el primer culpable de estos crímenes son las llamadas disidencias de las FARC, es decir, "personas que no quisieron acogerse al acuerdo de paz", seguidas del Clan del Golfo, una organización criminal; la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN); y otros grupos armados dedicados al narcotráfico y la minería ilegal.
El Alto Comisionado ha atribuido estos crímenes a la "difícil" realidad que viven los ex guerrilleros "que quieren tener una nueva vida, con una sana y genuina voluntad de paz", y por ello se oponen a "los esquemas ilegales" que otros grupos armados quieren mantener en ciertas regiones.
Frente a ello, el Gobierno ha emprendido dos tipos de acciones, apunta Ceballos, una por la vía judicial, dando apoyo a la Fiscalía General, que ya ha resuelto más del 50 por ciento de estos crímenes y solo ha atribuido dos a la Fuerza Pública --policías y militares--; y otra por la vía de la protección a los ex guerrilleros, con la que ha conseguido reducir el número de asesinatos. "Esto es un esfuerzo muy grande que hay que reconocer", ha reivindicado.
El Alto Comisionado ha rechazado que esta matanza pueda empujar a los ex miembros de las FARC a retomar las armas, descartando igualmente que pueda animarles el ejemplo de 'Iván Márquez', número dos de la guerrilla que ha declarado que renunciar a la lucha armada fue un error.
Ceballos ha ensalzado el liderazgo del jefe de la FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timochenko', que no solo ha afeado el comportamiento de quien fuera su lugarteniente, "como alguien que está traicionando el espíritu del acuerdo de paz", sino que ha reiterado que "la paz es el camino".
Según el funcionario colombiano, los 13.068 miembros de las FARC que se sumaron al proceso de paz siguen dentro. Y, si los 1.700 disidentes iniciales han crecido en número no es porque se hayan producido deserciones, sino porque han seguido reclutando: "No se han quedado quietos".
FINES POLÍTICOS
Además, ha querido resaltar que "también hay muchos retos por parte de la ex guerrilla". En particular, ha comentado que, de los 300 millones de dólares que han declarado las FARC para compensar a la víctimas de la guerra, solo han entregado 7 millones y la Fiscalía General cifra la cantidad real en 700 millones.
Pese a todas estas dificultades, ha insistido en que "el acuerdo de paz hace parte de la institucionalidad, de la Constitución y las leyes de Colombia", y por eso "el presidente entiende su responsabilidad en la implementación, siempre y cuando genere genuina verdad, justicia, reparación y no repetición".
"El proceso de paz sigue adelante, no veo que tenga ninguna reversibilidad", ha afirmado Ceballos, denunciando que "aquellos que quieren mostrarlo como un fracaso simplemente quieren hacer un uso político del acuerdo mismo".