BUENOS AIRES, 2 Ene. (Notimérica) -
La constructora brasileña Odebrecht denunció al Gobierno argentino porque considera que este asigna un "doble estándar" al suspender a Odebrecht del Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RNC) y no hacer lo mismo con empresas locales que también admitieron ante la justicia haber realizado pagos ilegales para verse beneficiadas con contratos de obra pública.
Desde Odebrecht piden a las autoridades argentinas que levanten la suspensión, que data de julio de 2017, y le permitan competir en futuros proyectos de obra pública, como lo han hecho con empresas locales vinculadas a la causa de "los cuadernos de las coimas", según documentos judiciales citados por el diario local 'La Nación'.
Esta causa hace referencia al caso del chófer Oscar Centeno, quien trabajaba para Roberto Baratta, estrecho colaborador del exministro de Planificación Julio De Vido (2003-2015), procesado por favorecer a Odebrecht.
Centeno dejó constancia en cuadernos escolares la bitácora de los viajes que hacía para Baratta, en la que incluyó detalles sobre el intercambio de valijas y bolsos con dinero entre altos empresarios argentinos y funcionarios de las administraciones de los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández (2007-2015).
La constructora brasileña recordó que la suspensión del RNC fue por un año, pero que cumplido el plazo se enfrentó a varios pedidos de información respecto a los procesos judiciales que enfrenta tanto en Argentina como en otros países, incluyendo todo lo referente a compañías subsidiarias, sucursales o filiales.
Odebrecht pidió a la Justicia argentina que ordene al RCN informar cómo actuó frente a "empresas cuyos funcionarios y/o accionistas han reconocido expresamente ante la Justicia la comisión de delitos o prácticas de corrupción relacionadas con contratos públicos, a fin de evitar arbitrariedades".
Por su parte, el Ministerio del Interior argentino, del que depende el RNC, rechazó los reclamos de la empresa brasileña por entender que la petición no explica "de forma precisa y concreta" que el registro habría aplicado diferentes criterios ante situaciones similares de las compañías sancionadas.