Actualizado 09/03/2007 20:30

OEA.- La CIDH destaca en su informe 2006 los desafíos a los que se enfrenta América en acceso a justicia y consolidación


NUEVA YORK, 9 Mar. (del corresponsal de EUROPA PRESS Carlos López) -

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluyó hoy su 127 período ordinario de sesiones, destacó en su informe correspondiente a 2006 que persisten importantes desafíos América Latina, entre los que destacó la seguridad ciudadana, la inequidad social, el acceso a la justicia y la consolidación democrática, aunque señaló avances en la voluntad política de asegurar la plena vigencia de las libertades fundamentales.

La renovación presidencial en doce países de la región en los últimos dos años es una señal de la consolidación de los procesos electorales, aunque persiste la debilidad de las instituciones democráticas y una profunda desigualdad en términos socio-económicos, según señala el informe elaborado por la CIDH.

La marginación y la exclusión social que continúan caracterizando a la región impiden la vigencia efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales de amplios sectores de la población, así como el fortalecimiento de las instituciones democráticas, no siendo la desigualdad una cuestión que ocupe un espacio destacado en las políticas públicas de los Estados.

Para la CIDH hay una relación entre la exclusión social y la degradación institucional como se observa en que la mayoría de las víctimas de torturas proceden de sectores empobrecidos, así como la mayor parte de las personas que sufren detenciones arbitrarias, violencia física y ejecuciones policiales.

"El colapso alarmante de los sistemas carcelarios y el atropello violento de pueblos indígenas que resisten la expulsión de sus tierras también son indicativos de esta relación", destaca el informe que resalta que la actuación de policías, fiscales y otros funcionarios estatales está a menudo marcada por la discriminación por motivos étnicos, raciales y de género.

Entre sus recomendaciones la OEA propone aumentar colectivamente la gobernabilidad en la región y la calidad de la gestión pública como requisitos indispensables para la promoción y protección efectiva de los derechos humanos, reiterando que la debilidad estructural de muchas instituciones democráticas básicas, sumadas a crisis coyunturales que generan inestabilidad política, impide la formación de consensos amplios y perdurables sobre las políticas públicas inclusivas que son indispensables para el respeto y goce efectivo de los derechos humanos proceso.