8 de marzo de 2007

OEA.-Insulza condena en un informe la "brecha" entre el reconocimiento formal de la violencia de género y su efectividad

Nueva York, 8 Mar. (del corresponsal de EUROPA PRESS Carlos López) -

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, expuso en su informe 'Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de la Violencia en las Américas' a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "la brecha existente entre el reconocimiento formal y jurídico por parte de los Estados americanos de la violencia contra las mujeres, y la efectividad de las instancias judiciales de protección para remediar dichos actos".

En el acto de presentación, Insulza destacó deja constancia que en muchas ocasiones las víctimas que intentan denunciar los hechos de violencia enfrentan discriminación y son maltratadas por funcionarios del Estado. Además destaca casos donde fiscales, policías y jueces descalifican a las víctimas y le restan credibilidad a sus declaraciones.

Insulza reiteró que los países miembros deben crear las condiciones necesarias para que las mujeres puedan usar el sistema jurídico para lograr justicia ante los actos de violencia sufridos. "Es necesario que los Estados adopten medidas públicas para redefinir las concepciones tradicionales sobre el rol de las mujeres en la sociedad, y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden su acceso pleno a la justicia", destacó Insulza.

Durante el lanzamiento del informe, el comisionado de la CIDH y relator sobre los Derechos de la Mujer, Víctor Abramovich, afirmó que "se trata de mejorar las políticas públicas de prevención de situaciones de violencia para lograr hacer efectivo el compromiso que los Estados asumieron al firmar la Convención de Belem do Pará y que supone la existencia de un derecho de las mujeres a vivir sin violencia".

Entre las recomendaciones se incluyen el diseño de una política estatal integral y coordinada, respaldada con recursos públicos adecuados, para garantizar que las víctimas de la violencia por género tengan un acceso total a la protección judicial. El estudio fue llevado a cabo durante los últimos dos años por la CIDH y la Relatoría sobre los Derechos de la Mujer, con el apoyo financiero del Gobierno de Finlandia.