Actualizado 27/07/2013 11:01

Ofrecen recompensa por datos de exoficiales fugados de hospital

Exmilitares argentinos fugados de hospital
Foto: ARGENTINA.GOB.AR

Dice que podían haber sido tratados en el lugar de detención y califica el mandamiento judicial de "injustificad"

   BUENOS AIRES, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Ministerio de Justicia ha ofrecido una recompensa para quienes aporten datos que permitan capturar a los exoficiales argentinos Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera, quienes se fugaron del hospital en el que se encontraban, y a donde habían sido trasladados por problemas de salud tras ingresar hace tres semanas en prisión por crímenes durante la dictadura.

   En concreto, el Ministerio ofrece dos recompensas de 100.000 pesos cada una para quienes aporten datos "fehacientes" que permitan capturar a los represores Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera, condenados por crímenes de lesa humanidad, quienes se fugaron del Hospital Militar Cosme Argerich.

   "Se ofrece como recompensa dentro de la República Argentina la suma de pesos 100.000 por el plazo de 12 meses, a partir del día de la fecha, destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que resultasen determinantes para la detención" de los dos prófugos, indican dos resoluciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

   Tal como lo denunció ante la Justicia Federal la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario, personal de Seguridad y Traslados había entregado a los fugados al personal del hospital en la sala de atención del tercer piso, destinada a detenidos por delitos de lesa humanidad.

   Luego de ser llevados a los consultorios correspondientes, se advirtió que los internos no se encontraban en el lugar indicado. La denuncia detalla que, pese a que se procedió a una búsqueda "exhaustiva" en las instalaciones hospitalarias, el resultado fue infructuoso, constatándose la evasión de ambos.

MANDATO JUDICIAL "INJUSTIFICADO"

   La cartera judicial solicitó que se investigue el hecho "en profundidad" y explicó que los represores presentaban una patología que, por sus características, podría haber sido asistida en el lugar de detención, ya que no existía riesgo para su vida.

   No obstante, el organismo dio cumplimiento al mandato judicial del Juzgado Federal número 2 de San Juan, aL que caracterizó como "injustificado, de dudosa fundamentación y carente de racionalidad".