BOGOTÁ, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha instado este martes al Gobierno de Juan Manuel Santos a reforzar las instituciones en el país sudamericano ante los "desafíos" del proceso de paz, advirtiendo de que además de oportunidades pueden enfrentar "riesgos"
La negociación de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC "debe generar cambios institucionales, políticos, económicos y culturales que eviten un aumento de la violencia y las violaciones a los derechos humanos en el país", ha agregado el organismo internacional.
El informe anual sobre Colombia, presentado en Bogotá por el representante de la ONU en el país, Todd Howland, insiste en que las instituciones deberían resolver la "falta de coherencia y coordinación", con el objetivo de "facilitar la transformación de la relación entre el Estado y la ciudadanía".
De esta forma, Colombia podría "superar el impacto de 50 años de conflicto armado y promover una cultura de respeto y protección de los derechos", según añade el texto, en el que también se pide a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que "amplíe su compromiso con las víctimas".
Durante la divulgación del informe, el representante adjunto de la Oficina, Guillermo Fernández Maldonado, ha destacado la reparación de víctimas y la no repetición como uno de los puntos cruciales del informe, tal y como informa el organismo internacional a través de un comunicado.
RIESGOS TRAS FIRMAR LA PAZ
El organismo alerta de que, pese a la oportunidad de lograr la paz, existen riesgos como la presencia de otros grupos armados ilegales que intenten ocupar los espacios geográficos que dejen las FARC, por lo que se requiere "presencia del Estado para evitar ataques contra los desmovilizados de la insurgencia y los funcionarios encargados de poner en funcionamiento los acuerdos".
El informe también menciona como riesgos un aumento de los cultivos ilegales, del narcotráfico y de la minería ilegal que generan millonarios recursos a grupos armados ilegales que siguen violando los derechos humanos, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las bandas criminales integradas por antiguos paramilitares de ultraderecha.
"Se va tener una desmovilización, que es una oportunidad muy grande para el país, pero es un riesgo si estos grupos van a intentar crecer y tomar más y más territorio, y más y más influencia, por eso hablamos de oportunidad y riesgos", ha agregado Howland.
"Estamos preocupados por el alto nivel de violencia que existe en varias áreas donde había presencia de FARC y hoy en día hay varios grupos incluyendo el ELN (...) que están intentando de posicionarse para tomar rentas", ha aseverado.
El Gobierno calcula que alrededor de 17.000 integrantes de las FARC, entre combatientes y miembros de las redes de apoyo, se desmovilizarán con los acuerdos de paz que las partes aspiran a firmar en el futuro inmediato, según indica la agencia Reuters.