"Esto nos acerca más a buscar, por la vía pacífica y negociada, la solución integral a la grave crisis"
MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia ha celebrado la liberación de 56 presos políticos, conforme a lo pactado en el diálogo para resolver la crisis política, pero ha recordado al Gobierno de Daniel Ortega que aún hay 89 pendientes de excarcelación.
Gobierno y oposición cerraron un acuerdo por el cual las autoridades nicaragüenses se comprometían a liberar a una lista pactada de 250 presos políticos antes del 18 de junio. Tras una primera tanda de cien poco después de la firma, han transcurrido meses sin más avances, lo que llevó a la Alianza Cívica a suspender el diálogo en mayo.
En respuesta, el Ministerio de Gobernación ha anunciado en las últimas semanas nuevas liberaciones. El martes, liberó a otros 56 presos políticos que define como "personas que guardaban prisión por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública".
Los liberados fueron trasladados a sus casas, donde fueron recibidos como auténticos héroes, según el diario nicaragüense 'La Prensa'. En algunas localidades incluso se celebraron pequeñas protestas aprovechando el momento de euforia, apunta el medio local.
La Alianza Cívica ha recalcado que "fueron liberados los que nunca debieron estar secuestrados" y que si han conseguido salir de prisión ha sido "gracias a la unidad y resistencia del pueblo nicaragüense y al apoyo incondicional de la comunidad internacional".
"Esto nos acerca más a buscar, por la vía pacífica y negociada, la solución integral de la grave crisis sociopolítica, que pasa por la libertad plena, la verdad, la reparación, la no repetición, justicia y la celebración de elecciones libres, transparentes, observadas y anticipadas", ha valorado.
No obstante, ha recordado que "aún faltan 89 hermanos que antes del 18 de junio deben gozar de libertad plena". Además, ha reclamado el cierre de los procesos administrativos y penales contra los excarcelados y exiliados "para garantizar su libertad plena". La mayoría han sido liberados con medidas de "casa por cárcel" y otras condiciones.
"EL PAÍS POR CÁRCEL"
La Alianza Cívica ha denunciado que, pese a estos pequeños avances, "aún tenemos el país por cárcel porque los derechos ciudadanos todavía se encuentran secuestrados, especialmente las libertades de expresión, reunión, manifestación, asociación y movilización".
A este respecto, ha exigido una vez más que "los liberados y los ciudadanos en general puedan ejercer sus derechos fundamentales, garantizados por la Constitución Política". "Debe cesar el acoso e intimidación, así como las campañas de odio que promueven confrontación e intolerancia", ha indicado.
En la misma línea, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha aplaudido la liberación de los 56 presos políticos, insistiendo al Gobierno en que "cumplir íntegramente lo acordado y avanzar en temas pendientes es imprescindible para los nicaragüenses".
Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reconocido "un avance concreto por parte del Estado en el restablecimiento de derechos y garantías en el país", aunque ha demandado "que se haga efectiva la liberación completa de los y las manifestantes presas y la vigencia plena de los Derechos Humanos en Nicaragua".
Las nuevas liberaciones se han producido tras la entrada en vigor de la ley de amnistía. La Alianza Cívica la ha rechazado porque cree que es solo una forma de "garantizar la impunidad para los paramilitares y policías que participaron en la represión" y justificar las liberaciones de presos políticos.
En la misma línea, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha mostrado su preocupación por esta ley, ya que "podría impedir el procesamiento de personas potencialmente responsables de graves violaciones de Derechos Humanos" cometidas durante las protestas.
CRISIS POLÍTICA
La crisis estalló en abril de 2018 por las protestas contra una polémica reforma de la seguridad social, que crecieron rápidamente hasta exigir la "democratización" de Nicaragua, en lo que ha sido el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno.
Más de 300 personas murieron y otras cientos fueron detenidas. Expertos del sistema interamericano que viajaron al país para constatar la situación interna han recomendado en un informe juzgar al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la represión de las protestas.
El líder 'sandinista' ofreció entonces un diálogo nacional que fracasó por su negativa a convocar elecciones anticipadas. En febrero, las partes acordaron retomar las conversaciones y celebraron las primeras reuniones. Sin embargo, en mayo se suspendió de nuevo por acusaciones cruzadas de incumplimiento.
La Alianza Cívica había exigido al Gobierno que cumpliera su promesa de liberar a todos los presos políticos antes del 18 de junio. El Gobierno ha excarcelado a cuentagotas a unos 150 bajo la modalidad de "casa por cárcel", sin contar con las liberaciones de los dos últimos días.