BOGOTÁ, 23 May. (EUROPA PRESS) -
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia ha anulado la sentencia absolutoria de trece militares por la muerte de la misionera suiza Hildegard María Feldman y de los campesinos colombianos José Ramón Rojas y Hernando García en el departamento de Nariño (suroeste) y ha ordenado reabrir este caso de 'falso positivo'.
Hace 23 años, un tribunal militar decidió absolver a un teniente y doce soldados por la muerte en 1990 de Feldman, Rojas y García al considerar que se debió al fuego cruzado entre la Fuerza Pública y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en un caserío del municipio de Guachavés.
La CSJ ha rechazado esta argumentación y ha sostenido que "estas muertes de ninguna manera pueden considerarse actos propios del servicio o consecuencia de éste", por lo que ha ordenado a la Fiscalía General que asuma la investigación de los hechos.
El alto tribunal ha indicado que, aunque las FARC estaban presentes en la zona, nunca llegó a producirse un combate con la Fuerza Pública, por lo que ha considerado que "el operativo militar se dirigió contra los civiles (que se encontraban en el caserío), a quienes señalaron de ser guerrilleros".
De acuerdo con la CSJ, los uniformados irrumpieron en el caserío tras divisar a un grupo de guerrilleros en un río cercano. "Feldman, Rojas y García fallecieron como consecuencia de la arremetida que sin requerimiento previo emprendieron en su contra, ejecutándolos en la más absoluta indefensión", ha sostenido.
Al resto de los civiles, "les amenazaron de muerte, les obligaron a reunirse --tendidos en el suelo-- en una cancha para que soportaran sin protección una fuerte lluvia, y les recluyeron en la capilla, donde debieron pasar la noche sin abrigo ni alimentos".
Además, ha criticado al Comando de la Tercera División en Cali, que se encargó de la primera instancia. "De ninguna manera se esclareció por qué si los guerrilleros estaban concentrados en el río y en el caserío, los militares dispararon en múltiples direcciones, incluso a blancos ubicados a mucha distancia", ha indicado.
En la misma línea, ha cuestionado que no investigara por qué los uniformados abandonaron allí sus pertenencias y manipularon la escena ataviando con ellas a los fallecidos, "al extremo de que los oficiales obligaron a los civiles a inhumar los cadáveres".
"Escasa fue también la labor del Tribunal Superior Militar porque limitó su exposición a reiterar lo dicho por la primera instancia, sin preocuparse por los aspectos relevantes, constituidos por las muertes de los civiles, atendiendo únicamente la versión de los uniformados", ha considerado.
Así, el alto tribunal ha concluido que "la Justicia Penal Militar no adelantó una investigación seria e imparcial, sino que cesó el procedimiento de forma apresurada a favor de todos los implicados, buscando dejar impunes los hechos".