Publicado 30/10/2020 16:47

Organizaciones de DDHH presentan un recurso ante el Supremo de Nicaragua contra la Ley de Agentes Extranjeros

Imagen de archivo de bandera de Nicaragua.
Imagen de archivo de bandera de Nicaragua. - JESUS HELLIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) de Nicaragua y la Organización Víctimas de Abril (OVA) han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros por considerarla "inconstitucional".

Ambas organizaciones esperan que los magistrados valoren su recurso y restituyan "los derechos constitucionales de los nicaragüenses", que consideran "cercenados" por esta ley "represiva", tal y como han señalado en un comunicado.

Para la CPDH y la OVA, el texto, al que llaman "Ley Putin", viola los derechos constitucionales y humanos de los ciudadanos. Según la normativa, cualquier persona u organización que recibe apoyo extranjero deberá registrarse en el Ministerio de Gobernación.

Según estas organizaciones, esta ley permite al Gobierno del presidente, Daniel Ortega, "establecer un mecanismo de espionaje financiero contra los ciudadanos, medios de comunicación u organizaciones sociales y opositoras que reciban recursos de gobiernos y agencias extranjeras".

Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH, ha asegurado que el recurso ha sido recibido por el Supremo, si bien ha lamentado la falta de independencia del Poder Judicial.

"Estoy cumpliendo con el recorrido de la Corte Suprema de Justicia, ante la ley abusiva, ley antidemocrática que tiene 26 roces con la Constitución, que viene a limitar el trabajo de los defensores de los Derechos Humanos y nos viene a limitar como ciudadanos nicaragüenses", ha aseverado, según informaciones del diario 'La Prensa'.

Por su parte, la secretaria de OVA, Grethel Gómez, ha asegurado que su organización, por ejemplo, suele recibir fondos de personas que viven en el extranjero y que desean apoyar a las víctimas de la "represión orteguista".

Así, ha detallado que a través de la OVA se "apoya a familiares de reos y excarcelados políticos, parientes de fallecidos o personas heridas producto de su participación en las protestas" antigubernamentales.

"Hay un quebrantamiento del principio de legalidad", ha alertado antes de destacar que la ley "puede atentar contra la independencia, la autodeterminación y la soberanía".

POSTURA GUBERNAMENTAL

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el pasado 16 de octubre la legislación, que controla las actividades de aquellas personas o empresas que reciban financiación del exterior, una ley que la oposición y organizaciones de Derechos Humanos han calificado desde el primer momento como un instrumento de represión política y restricción de libertades.

Con 70 votos a favor, la Asamblea aprobó este marco jurídico que tiene como objetivo regular "a las personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjero y lo utilicen para realizar actividades que deriven en injerencia de organizaciones y Gobiernos extranjeros en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado", según informaciones del oficialista 'El 19'.

El Gobierno de Daniel Ortega, que presentó la propuesta en septiembre, argumenta que este marco jurídico garantiza la defensa y protección de la independencia, soberanía y autodeterminación de Nicaragua.

Los calificados como "agentes extranjeros" por la Administración deberán registrarse en el Ministerio de Gobernación y detallar los fondos recibidos, así como en que se gastan. También se les prohibirá intervenir en cuestiones de política interna, bajo amenaza de sanciones penales.