MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han expresado su rechazo a la compra de armas electrónicas en Argentina y han advertido de que la medida del Gobierno de hacerse con 300 armas de la marca Taser, que serán entregadas a las fuerzas de seguridad, puede ser utilizada como un elemento de tortura en el país.
La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, anunció esta semana que el Gobierno del presidente, Mauricio Macri, aprobó la compra de 300 armas eléctricas de dicha para "combatir la inseguridad".
"Estamos en contra de cualquier elemento de tortura, la taser (arma) está ideada y desarrollada como elemento de tortura. No existe un arma que no sea letal. Es una pistola que tiene la prohibición de ser empleada contra embarazadas, menores de edad, cardíacos", ha aseverado el abogado de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), Ismael Jalil.
Jalil ha señalado que esta acción "pone en riesgo la vida de una franja social importante. Además, se pone en manos de un policía que está en condiciones del uso más violento de cualquier arma. Sería una locura que se acreciente el poder del Estado con un elemento semejante".
Durante su gestión como alcalde de Buenos Aires, Macri intentó dotar a la Policía de estas armas eléctricas, pero organizaciones defensoras de los Derechos Humanos demandaron la propuesta de la Alcaldía y la medida no salió adelante.
Ante las nuevas medidas gubernamentales en materia de Seguridad, el rechazo entre los argentinos ha crecido al considerarlas como una "cortina de humo" para ocultar la crisis económica que vive el país.