CIUDAD DE MÉXICO, 18 Mar. (Reuters/EP) -
Familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre del 2014 en Iguala a manos de policías vinculados con el crimen organizado han acusado este jueves al Gobierno de demorar nuevas investigaciones y poner obstáculos a un grupo de expertos extranjeros que supervisan el caso.
Las pesquisas no avanzan porque la Fiscalía demora las diligencias de búsqueda y no ha permitido al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acceder a algunos lugares para entrevistar detenidos o funcionarios involucrados en el caso, ha señalado el abogado de los padres, Vidulfo Rosales.
"Nos preocupa cómo van caminando las cosas (...) Como si se estuviera apostando al paso del tiempo para que llegue el mes de abril, en el tiempo que concluye su mandato (el GIEI), y no pasó nada aquí y no avanzaron las investigaciones", ha explicado Rosales en una rueda de prensa frente de la Fiscalía.
El grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trabaja desde marzo del 2015 en el caso y en septiembre publicó un informe que desestimó la versión oficial de que los jóvenes habían sido masacrados y quemados en un basurero.
Tras el informe, su mandato fue renovado hasta abril y en noviembre comenzó una nueva fase de investigación con otro equipo de fiscales cuyo trabajo aún no ha arrojado luz sobre qué sucedió con los estudiantes de Magisterio de la escuela de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero.
Un centenar de estudiantes llegó el 26 de septiembre del 2014 a la ciudad de Iguala para tomar autobuses que usarían para una protesta, pero se enfrentaron con policías que terminaron atacándolos a balazos junto con supuestos sicarios de la organización Guerreros Unidos. Solo los restos de uno de ellos han sido identificados.
Tras salir de una reunión con la procuradora, Arely Gómez, los fiscales y tres de los cinco expertos, los representantes de los padres han dicho que la Fiscalía no atendió un escrito presentado hace un mes para que sean llamados a declarar a distintos funcionarios, incluyendo militares presentes esa noche en Iguala.
"La confianza sigue depositada en ellos (los expertos) (...) No podemos confiar en un gobierno como el que tenemos hoy", ha denunciado Felipe de la Cruz, portavoz de los familiares de los jóvenes.
Un portavoz de la Fiscalía ha dicho que no habrá comentarios sobre las acusaciones de los familiares y remite a un comunicado que señala una serie de acciones que se han realizado en el último mes para atender todas las líneas de investigación del caso.