CIUDAD DE PANAMÁ, 30 May. (Notimérica/EP) -
El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá, ha declarado este jueves "inconstitucional" el asilo territorial concedido en noviembre de 2010 a la exdirectora de la policía secreta colombiana (Departamento Administrativo de Seguridad, DAS) María del Pilar Hurtado.
Los magistrados consideran que el decreto para conceder la condición de asilo a la exfuncionaria colombiana "violó la Constitución", tal y como ha informado el diario panameño 'La Prensa', que ha detallado que ocho de los nueve jueces votaron en la misma dirección.
La demanda de inconstitucionalidad fue presentada por el abogado Ángel Álvarez, que ha explicado que con la caída del asilo "Hurtado no tiene permiso legal para permanecer en Panamá".
La antigua jefa del DAS se encuentra en condición de asilo en Panamá desde 2010 --a petición del expresidente Uribe--, cuando era inminente su captura dentro del proceso penal de la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de las 'chuzadas' (escuchas) de los servicios secretos, de acuerdo con la información del diario 'El Colombiano'.
Hurtado fue procesada por interceptar las comunicaciones de periodistas, jueces y políticos de oposición, durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). También está siendo juzgada por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, abuso de función pública y concierto para delinquir.
El presidente electo de Panamá, Juan Carlos Varela, que tomará posesión el 1 de julio, ya anunció tras ser elegido que si la justicia colombiana así lo solicita, el tema del asilo territorial que le concedió a Hurtado el saliente presidente Ricardo Martinelli sería "revisado".
"Creo que el tema del asilo se otorgó por la situación de ese momento. Al haber sido parte de la comisión que concedió ese asilo, creo que debe ser la Cancillería de Panamá la que se encargue de revisar el tema junto con la justicia", explicó Varela.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aceptó de buen grado esta invitación y confirmó que pediría la extradición de la exfuncionaria, al entender que "el pueblo colombiano tiene derecho a conocer la verdad". "Esa verdad no se puede seguir escondiendo", ha apostillado Santos.