CIUDAD DE PANAMÁ, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
Panamá ha pedido a Italia que desmienta los rumores que vinculan al presidente panameño, Ricardo Martinelli, y a otros altos cargos de esa nación centroamericana con un escándalo de supuestos sobornos que se pagaron a fin de cerrar una millonaria negociación con una empresa italiana.
El ministro panameño de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, se ha reunido este martes en Roma con el director para los Países de América Latina del Ministerio de Exteriores de Italia, Luigi Macotta, con el objetivo de aclarar públicamente este confuso hecho que ha perjudicado al Gobierno panameño.
Mulino ha pedido a Macotta que desmienta los rumores que apuntan a que Martinelli y otros funcionarios fueron sobornados para poder cerrar una negociación en el año 2010 con Finmeccanica, un importante grupo industrial italiano.
Medios italianos, citando fuentes oficiales, señalan que Valter Lavítola, antiguo aliado del exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi y actualmente procesado por delitos de corrupción, sirvió de intermediario en las negociaciones y pagó sobornos a funcionarios panameños, incluido Martinelli.
Esto ha hecho que Martinelli aparezca en las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría de Nápoles en torno a los contratos suscritos entre Finmeccanica y Panamá por unos 250 millones de dólares (190 millones de euros) para la compra de seis helicópteros, un mapa digital y seis radares.
Lavítola, quien regresó a Italia la semana pasada tras haber permanecido varios meses prófugo, negó el pasado miércoles ante un juez que haya pagado a funcionarios panameños.
La empresa italiana firmó un acuerdo con Panamá para la entrega de seis helicópteros a través de Agusta Westland, aparatos que no han sido entregados debido a que aún están en producción.
Mulino ha asegurado que viajó a Italia en calidad de "enviado especial" de Martinelli para exigir a las autoridades de ese país que desmientan los rumores o, de lo contrario, prescindirán de los convenios firmados. "De no tener una respuesta satisfactoria, esos contratos serán evaluados y podrían ser anulados", ha dicho en declaraciones a la prensa.
"Preferimos quedarnos sin contrato, pero nuestro deber es limpiar el nombre de la República de Panamá y de su Gobierno", ha insistido el ministro de Seguridad Pública, al recordar que ningún funcionario panameño ha sido procesado por este caso.