MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de diputadas de Panamá ha pedido el cierre de albergues infantiles supervisados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) por presuntos casos de violencia y abusos sexuales contra decenas de niños desde 2015, de los que este lunes han presentado pruebas ante la Fiscalía.
La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional panameña ha publicado un informe de 700 páginas en el que se han revelado los abusos sufridos por menores en más de 14 albergues, una situación por la que la diputada Kayra Harding, que forma parte de este grupo, ha urgido al cierre de los centros.
"Los albergues que tienen faltas muy graves deben ser cerrados. Exigimos al SENNIAF que se proceda porque para nosotros son graves las sanciones cometidas, pero es más grave que nuestros niños sigan siendo abusados", ha subrayado la diputada, según recoge el medio local 'El Siglo'.
La diputada Zulay Rodríguez, también miembro de la Comisión, ha indicado, por su parte, que "no vamos a permitir a los delincuentes que abusaron de los niños que queden impunes", mientras su compañera Ana Giselle Rosas ha señalado que algunos funcionarios han tenido "miedo" de presentar informes sobre los presunto abusos, porque les destituyen.
Por los hechos que recoge el informe, que señala a "evidencias de abusos, violencia y maltratos físicos a los niños, sobre todo cuando tienen alguna condición de discapacidad intelectual", este lunes el Pleno de la Asamblea Nacional de Panamá ha aprobado citar a declarar a las responsables del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y del SENNIAF, María Castillo y Mayra Silvera, respectivamente.
También ha citado a las exdirectoras Idalia Martínez, Yazmín Cárdenas y Sara Rodrígue, y a la exsubdirectora Carla García, quienes tendrán que responder sobre la gestión de los albergues.
Por el momento, la Fiscalía ha iniciado una investigación de oficio sobre las denuncias y la sección de Familia del Área Metropolitana ha abierto otra por una presunta comisión de delito de maltrato a una menor de 10 años por un incidente ocurrido el 12 de febrero en uno de los albergues en Tocumen.
Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha pedido a las autoridades que investiguen los hechos y ha abogado por una reforma al sistema de protección a la infancia mediante la aprobación de una ley.