BUENOS AIRES, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
Uruguay y Argentina formalizaron la creación de una comisión binacional que se encargará de analizar el litigio entre ambos países por la instalación de una papelera finlandesa a orillas del río Uruguay, que ha generado un intenso conflicto bilateral entre ambos países.
La comisión es producto de un acuerdo alcanzado entre la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y el mandatario electo de Uruguay, José Mujica, durante una reunión celebrada este jueves en la sede del Ejecutivo argentino en Buenos Aires, con la que se dio un primer acercamiento entre estas dos naciones.
Mujica dijo que para que se produzcan los primeros avances es necesario esperar a que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emita el fallo sobre la causa iniciada por Argentina en 2006 por la presunta violación por parte de Montevideo del Tratado del Río Uruguay al permitir la instalación de una planta de celulosa Botnia, llamada ahora UPM, en la localidad uruguaya de Fray Bentos.
"Habrá que esperar el fallo de La Haya. No tenemos ninguna solución en la mano, tenemos la voluntad de luchar palmo a palmo por encontrar salidas y mejorar la relación entre ambos países", dijo el mandatario electo en una conferencia de prensa conjunta con Fernández de Kirchner.
Esta comitiva comenzará a trabajar en marzo, una vez que Mujica asuma el poder, y analizará además la navegabilidad de los ríos de la Plata y Uruguay, considerando que ambos mandatarios hablaron de la posibilidad de reformular los tratados vigentes.
Tanto Buenos Aires como Montevideo han expresado su preocupación por la crisis que ha generado la instalación de la planta celulosa cerca del río Uruguay, ante el rechazo de ecologistas de la localidad argentina de Gualeguaychú que mantienen bloqueado desde hace tres años el Puente Internacional General San Martín que une a ambas naciones.
Los activistas argentinos han ratificado que no flexibilizarán el bloqueo hasta que no se suspenda la actividad de la papelera finlandesa, la que aseguran es altamente contaminante y afecta considerablemente, no sólo al país vecino, sino también a los espacios naturales que comparten Uruguay y Argentina.
Buenos Aires acusa a Montevideo de haber permitido la instalación de la planta celulosa finlandesa sin haber hecho una consulta previa, tal y como lo establece el tratado, poniendo de esta manera en "riesgo" la conservación del río Uruguay y el ecosistema.