MONTEVIDEO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Uruguay presentará la semana que viene una demanda contra Argentina ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por los nuevos cortes de carretera que protagonizan ecologistas argentinos en protesta por la instalación de las plantas de celusosa sobre el río fronterizo.
El embajador urguayo en Francia, Héctor Gros, aseguró desde París a la emisora uruguaya 'El Espectador' que entre el martes y el miércoles de la semana que viene el Gobierno exigirá con la demanda "medidas cautelares por los cortes de rutas".
Hace tan sólo cuatro días, el Banco Mundial aprobó un préstamo de 170 millones de dólares (132,6 millones de euros) a la empresa finlandesa Botnia para la construcción de su planta de celulosa en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. La medida implicó un revés para el Gobierno argentino, que decidió reclamar en la Justicia y en los organismos internacionales contra la instalación de plantas de celulosa en el entorno del río Uruguay, cuya administración es compartida por este país y Uruguay.
Además del préstamo de 170 millones, el Banco Mundial otorgará a Botnia una garantía de hasta 350 millones de dólares (casi 273 millones de euros) para la construcción su planta en el municipio de Fray Bentos, situado frente a la ciudad argentina de Gualeguaychú, centro de las protestas contra las plantas de celulosa.
Este mismo año, la Corte Internacional de Justicia de La Haya también dio la razón a Uruguay en el juicio contencioso presentado por Argentina para reclamar que ordenara la paralización de las obras en Fray Bentos.
Los vecinos de Gualeguaychú, ante la inminente aprobación del crédito, volvieron a cortar el tráfico en la ruta internacional que une a esa ciudad con Fray Bentos y amenazaron con mantener la interrupción del tránsito por tiempo indeterminado.
Durante el verano pasado, cuando se registra el mayor intercambio entre los dos países debido a los miles de turistas argentinas que viajan para descansar en playas del país vecino, los ecologistas cortaron la ruta durante casi dos meses. Uruguay sostiene que esa medida generó un perjuicio a su economía de cientos de millones de dólares.