ASUNCIÓN, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) ha recomendado al presidente del país y ex obispo, Fernando Lugo, que dimita para evitar una ola de violencia, después de que el Congreso, dominado por la oposición, autorizara la celebración de un juicio político en su contra por los enfrentamientos entre campesinos y policías del pasado viernes en la localidad de Curuguaty, que se saldaron con la muerte de 17 personas.
En una rueda de prensa celebrada en el Seminario Metropolitano, el obispo de Caacupé, Claudio Giménez, ha informado de que, en la reunión que los líderes de la CEP han mantenido con Lugo en Mburuvicha Roga --residencia presidencial--, le han pedido que "reflexione" sobre su continuidad en el cargo.
La CEP ha aclarado que ello no debe interpretarse como una decisión de la Iglesia Católica de retirar su apoyo a Lugo, sino como su intención de evitar un agravamiento de la crisis política que vive el país suramericano.
Los líderes de la CEP se han reunido con Lugo en la residencia presidencial poco después de que el Congreso anunciara la celebración de un juicio político contra el presidente, según informa el diario 'Última Hora'.
Diputados y senadores pretenden determinar la responsabilidad de Lugo en la muerte de once campesinos y seis policías en los enfrentamientos que se produjeron durante el desalojo de la finca Morumbí, propiedad del ex senador del opositor Partido Colorado Blas Riquelme, que fue ocupada hace tres semanas por un centenar de campesinos para protestar por la escasez de tierras agrícolas.
Lugo ha confirmado que se someterá a ese juicio pero ha dejado claro que no dimitirá porque considera que "no existe ninguna causa valedera, ni jurídica ni política" que le obligue a separarse del cargo para el que fue electo hace cuatro años.
La Constitución de Paraguay establece en su artículo 225 que el jefe de Estado sólo podrá ser sometido a un juicio político "por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes".
El último juicio político a un presidente paraguayo tuvo lugar en 1999, cuando Raúl Cubas fue acusado de mal desempeño de sus funciones tras el asesinato del vicepresidente Luis Argaña y la muerte de siete jóvenes manifestantes. Cubas renunció antes de que concluyera el proceso judicial.