Actualizado 22/11/2012 20:01

Paraguay.- Cuatro de los detenidos por la matanza de Curuguaty, en estado grave tras dos meses en huelga de hambre


ASUNCIÓN, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de los doce campesinos paraguayos detenidos por el desalojo en junio de una finca en Curuguaty han sido trasladados de urgencia a una unidad de cuidados intensivos tras permanecer casi dos meses en huelga de hambre. El polémico desalojo se saldó con la muerte de 17 personas: once campesinos y seis policías.

La salud de los detenidos Lucía Agüero, Juan Carlos Tillería, Alcides Ramírez y Luis Olmedo ha empeorado en las últimas horas y, de madrugada, fueron trasladados en estado grave desde un hospital del departamento de Canindeyú hasta otro centro médico en Itaugúa. El traslado se produjo bajo estrictas medidas de seguridad.

Los campesinos llevan 58 días en huelga de hambre para protestar por la lentitud del proceso y la supuesta parcialidad del juez y el fiscal implicados en el caso. Los abogados de los detenidos han alertado de que sus vidas corren peligro si mantienen la protesta emprendida hace casi dos meses.

La ministra de Justicia y Trabajo, Lorena Segovia, ha enmarcado dentro de las competencias del Estado impedir que estos campesinos mueran, por lo que si las vidas de los huelguistas corren peligro actuarán conforme al protocolo acordado en Malta en 1991 para atender a personas que se niegan a ingerir alimentos.

El titular de Interior, Carmelo Caballero, ha recordado que los enfrentamientos de Curuguaty no se produjeron bajo el mandato del actual Gobierno. Sin embargo, ha matizado que no es intención del Ejecutivo "huir a la responsabilidad", según informan los medios locales. "Estamos haciendo todo lo posible para respetar el Estado de derecho", ha añadido Caballero.

Los enfrentamientos entre policías y campesinos ocurridos el pasado 15 de junio terminaron costándole el puesto al entonces presidente del país, Fernando Lugo.

Pese a que el mandatario nombró una comisión para investigar los hechos, la oposición le atribuyó la responsabilidad de lo ocurrido y utilizó el desalojo como argumento para un juicio político en el Congreso. En dicho debate, se votó a favor de la destitución de Lugo, que fue sustituido por Federico Franco.