10 de julio de 2012

Insulza se opone a la propuesta de expulsar a Paraguay de la OEA

Asegura que el juicio político contra Lugo fue producto de una "profunda crisis" política

WASHINGTON, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, se ha mostrado este martes contrario a la propuesta de varios gobiernos de expulsar a Paraguay del sistema interamericano como respuesta a la destitución de Fernando Lugo como jefe de Estado de esa nación sudamericana.

El jefe de la OEA ha fijado su postura en una sesión extraordinaria celebrada este martes en Washington para analizar la crisis en Paraguay, siento ésta la tercera asamblea que realiza ese organismo desde que Lugo fue apartado del cargo el pasado 22 de junio.

Algunos gobiernos y organismos regionales "han adoptado ya medidas contra el Gobierno paraguayo" y también han propuesto "suspenderlo de su participación" del sistema interamericano, pero "respetando plenamente esas decisiones y, sin entrar a debatir su fundamento, estimo que la adopción por parte de la OEA de una medida similar no contribuiría a alcanzar nuestros objetivos", ha afirmado.

"La suspensión en la OEA conllevaría altas implicaciones económicas para el país dado el impacto directo de la decisión en otras instituciones del sistema interamericano y, de manera indirecta, en otros aspectos del sistema internacional y en la vida económica y financiera del país", ha advertido Insulza.

Su permanencia como miembro del sistema interamericano "evitaría aumentar las divisiones en el seno de la sociedad y el sistema político paraguayo y causar sufrimientos innecesarios al pueblo de ese país".

En cambio, Insulza se ha mostrado a favor de la propuesta de convocar una reunión de ministros de Exteriores para analizar la crisis paraguaya. "Una discusión a ese nivel podría permitir la búsqueda de salidas constructivas, en tanto se tenga presente que el punto de unión de todos los países miembros es el fortalecimiento de la democracia en Paraguay y, por ende, en la región", ha indicado.

Insulza, que encabezó la semana pasada una misión especial que analizó en el terreno la crisis paraguaya, ha asegurado en ese país "existe una situación de normalidad política, social y económica que es conveniente preservar", sin embargo, es del criterio de enviar una "misión de observación que acompañe el proceso conducente" a los comicios presidenciales de abril de 2013, que además "facilite el diálogo político" entre las partes en conflicto.

"Más que impulsar sanciones, deberíamos unirnos en torno a un enfoque que privilegie el apoyo de la organización para la realización de diálogos con visión a medio y largo plazo, y que involucren a los actores políticos paraguayos en la superación de la situación actual", ha sugerido.

"PROFUNDA CRISIS"

En las conclusiones preliminares de la misión que estuvo en Asunción, Insulza asegura que el juicio político contra Lugo fue producto de una "profunda crisis" política e institucional derivada de los conflictos que existían entre la Presidencia y el Parlamento.

"Paraguay ha atravesado por una profunda crisis política-institucional, una confrontación severa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que se ha volcado de manera abrumadora en contra del presidente", destaca el documento.

Insulza subraya que tanto Lugo como los parlamentarios fueron elegidos "en el mismo proceso electoral, lo cual hace aún más dramática la profundidad de la ruptura" entre ambos poderes.

La situación se torna "más compleja" si se analiza desde el punto de vista jurídico, según Insulza, ya que la "celeridad en el trámite del juicio político fue muy desafortunada y dio un aura de ilegitimidad al proceso, más allá de lo estipulado en el texto de la Constitución".

Así, recuerda que el Senado concedió a Lugo "un tiempo muy escaso" para preparar su defensa "haciendo caso omiso de las garantías" que el entonces mandatario solicitó, lo cual "contravino las normas contenidas en la misma Constitución de Paraguay y en instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos que consagran los principios universales del debido proceso y el legítimo derecho de todo procesado a defenderse".

Después fue sometido el pasado 22 de junio a un fugaz juicio político celebrado en el Senado por los hechos ocurridos a mediados de junio, cuando murieron 17 personas en enfrentamientos entre campesinos y policías ocurridos en la localidad de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú (sureste).

Para Insulza, "es difícil comprender por qué" la crisis política "tuvo lugar cuando faltaban apenas diez meses para una elección que renovará las autoridades de ambos poderes, acto en el cual el presidente Lugo no podría postular a la reelección" porque la Constitución lo prohíbe.

"Sin duda, existen razones desencadenantes, especialmente los hechos de Curuguaty, pero la destitución es consecuencia de una ruptura política profunda en la sociedad paraguaya y es eso lo que la torna aún más preocupante", ha advertido.

Ante esta situación, Insulza piensa que "es natural" que la destitución de Lugo "haya provocado reacciones muy negativas en muchos gobiernos y sectores políticos" de la región porque "nadie esperaba la terminación prematura" de su mandato.

"El hecho de que un presidente no pueda concluir normalmente su mandato es un factor negativo en sí mismo y, lógicamente, genera un rechazo de los demás gobiernos dado que afecta la imagen de estabilidad de la democracia en el hemisferio", señala el informe.

RECOMENDACIONES

La OEA considera que es necesario "llevar a término el proceso judicial" que iniciaron los abogados de Lugo contra la decisión del Parlamento y que todavía analiza la Corte Suprema de Paraguay. Pero además habrá que conocer si la defensa decide finalmente presentar el caso ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Otro de los aspectos de vital importancia es "fortalecer la gobernabilidad de Paraguay en el período de transición hacia las elecciones de 2013, promoviendo el diálogo político y apoyando las reformas legales que puedan ayudar a evitar nuevas crisis", señala el informe.

Será necesario también garantizar que el proceso electoral que se celebrará para elegir al nuevo jefe de Estado paraguayo sea "participativo y transparente, evitando que lo ocurrido de lugar a represalias o exclusiones", especialmente contra Lugo o sus partidarios.