ASUNCIÓN, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente paraguayo, Fernando Lugo, ha enviado a su equipo de abogados para que respondan en su nombre en el juicio político que el Senado realiza en su contra y que podría culminar este mismo viernes una vez que escuche los alegatos de todas las partes.
Los abogados Emilio Camacho, Adolfo Ferreiro, Luis Samaniego y el procurador de la República, Enrique García, han llegado al Senado cerca de las 11.45 horas (17.45 horas en la España peninsular) para comparecer ante los diputados que fueron designados como fiscales en este polémico juicio.
Lugo se encuentra en estos momentos en el Palacio de Gobierno, desde donde hará un seguimiento exhaustivo a este proceso, según ha confirmado Ferreiro en breves declaraciones a la prensa. La ley establece que en este caso puede asistir el propio mandatario o, en su defecto, los abogados que designe para tal fin.
Varios ministros y aliados del exobispo católico estarán presentes en las audiencias. Algunos de ellos llegaron a la sede del Parlamento cantando y gritando consignas a favor del Gobierno, según muestran las imágenes mostradas por algunos medios locales.
La Cámara de Diputados de Paraguay resolvió el jueves realizar un juicio político contra Lugo por los disturbios ocurridos la semana pasada en la localidad de Curuguaty, ubicada en el departamento de Canindeyú (sureste), donde 17 personas murieron en enfrentamientos entre campesinos y policías.
Lugo ha confirmado que se someterá a ese juicio pero ha dejado claro que no dimitirá porque considera que "no existe ninguna causa valedera, ni jurídica ni política" que le obligue a separarse del cargo para el que fue electo hace cuatro años.
La Constitución de Paraguay establece en su artículo 225 que el presidente de la República sólo podrá ser sometido a un juicio político "por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes".
La acusación debe ser presentada por la Cámara de Diputados con el apoyo de dos tercios de los legisladores. El Senado será el encargado de realizar el juicio político y, si es declarado culpable, podrá separar de su cargo al mandatario. En caso de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria.