BOGOTÁ, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Senado colombiano ha decidido este jueves de forma unánime archivar la reforma del sistema judicial, poniendo fin a meses de polémicas por los cambios que se introdujeron y que desvirtuaban la esencia inicial de este proyecto de mejorar el funcionamiento y la administración de la justicia.
La decisión la han tomado los 73 legisladores que integran el Senado, después de que el proyecto recibiera un contundente rechazo en la Cámara de Representantes, donde en días recientes fue vetada con el voto a favor de 117 diputados y ninguno en contra.
La llamada Reforma a la Justicia fue propuesta por el propio presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para mejorar los trámites administrativos del Poder Judicial, a fin de garantizar un servicio rápido y eficiente a los ciudadanos que se quejan constantemente los retrasos que sufren los casos en los tribunales.
Pero a medida de que avanzaba el análisis de la propuesta, los legisladores fueron incluyendo algunos artículos que terminaron por desvirtuar su esencia, al punto de que el propio Santos emprendió una campaña para echar por tierra el proyecto por "razones de constitucionalidad".
En diciembre del año pasado, la Comisión Primera de la Cámara aprobó en tercer debate la totalidad de la reforma a la justicia y decidió incluir el fuero militar --para que fuesen procesados por la jurisdicción castrense-- y la posibilidad de que no se sustituyera a los congresistas que perdieran su escaño por estar vinculados con los grupos armados.
Asimismo, se aprobó un artículo que establece que las Cortes no podrán nominar a candidatos a procurador general de Justicia o contralor general de la República, dos cargos claves en el funcionamiento del Estado.
Ante esta decisión, la Corte Suprema de Justicia decide alejarse de la discusión por considerar que no se estaban tomando en cuenta algunos conceptos ni la esencia propia de la reforma. Más tarde el Consejo de Estado hizo mismo.
A pesar de esta situación, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto y lo remitió al Senado, donde se realizaron varias modificaciones como las eliminaciones del Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Acusaciones. También se dio luz verde a la ampliación a doce años del periodo de los magistrados y la posibilidad de facultar a los notarios y abogados para que fallen en los procesos menores.
Las modificaciones comenzaron a generar una crisis que provocó la renuncia del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, seguida de protestas de sectores políticos y sociales que propusieron un referéndum, no sólo para someter a consulta el proyecto, sino para revocar a los legisladores que habían votado a favor.
Santos, cuya popularidad se ha visto afectada por esta reforma, según un sondeo publicado recientemente, dijo que estaba dispuesto a rechazar el proyecto cuando le tocara firmarlo tras su eventual aprobación en el Parlamento.