Actualizado 15/07/2016 01:17

El Parlamento de Venezuela anula el nombramiento de trece miembros titulares del TSJ

La Asamblea Nacional de Venezuela rechaza el decreto de Maduro
AN

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Nacional de Venezuela ha anulado este jueves el nombramiento de trece integrantes titulares y 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), argumentando que la designación estaba "viciada".

La decisión ha sido aprobada gracias a la mayoría con la que cuenta la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en la Asamblea Nacional y revoca los nombramientos realizados por el Parlamento en diciembre de 2015, después de la victoria del partido opositor en las urnas.

De esta forma, se han aprobado las recomendaciones del informe de la comisión especial para el rescate de la institucionalidad del TSJ, que planteó "dejar sin efecto los actos del írrito proceso de selección de los magistrados principales y suplentes del TSJ".

El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Eswin Rojas ha rechazado la decisión y ha recalcado que los nombramientos se realizaron según lo contemplado en la Constitución, según ha informado el diario local 'El Universal'.

En marzo, el propio TSJ recalcó que cualquier acto impulsado desde la Asamblea Nacional para revisar la designación --en este caso 'in extremis'-- de sus magistrados excede las facultades parlamentarias previstas en la Constitución.

Así, explicó que la sede legislativa "no está legitimada para revisar, anular, revocar o de cualquier forma dejar sin efecto el proceso interinstitucional de designación de los magistrados", en el que también intervienen el Poder Judicial y la ciudadanía.

La designación de los magistrados del TSJ es especialmente importante en el actual contexto político venezolano, con una Asamblea Nacional en manos de la MUD --después de 16 años de hegemonía 'chavista'-- y Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.

El TSJ será el responsable de dirimir los conflictos que se planteen entre Parlamento y Gobierno por la aprobación de leyes, decidiendo en qué casos prevalecerá el veto presidencial y en cuáles la decisión del Poder Legislativo.