MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las delegaciones militares de las partes enfrentadas en Libia han alcanzado un pacto en torno a la creación de un comité de supervisión con observadores internacionales para garantizar la aplicación del acuerdo de alto el fuego permanente alcanzado el 23 de octubre en la ciudad suiza de Ginebra.
Los contactos, los primeros de este tipo en el interior del país africano, arrancaron el lunes en Ghadames con la mediación de Naciones Unidas y han estado marcados por "un alto sentido de responsabilidad y patriotismo", según ha destacado la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) a través de su cuenta en la red social Twitter.
En su comunicado, la misión encabezada por Stephanie Williams ha detallado que los acuerdos incluyen la formación de un subcomité para supervisar el regreso de fuerzas a sus bases y la retirada de combatientes extranjeros en las líneas de contacto.
Asimismo, las partes han acordado reunirse este mismo mes en la ciudad de Sirte, a donde la comisión militar en formar 5+5 trasladará su sede, y han detallado los trabajos para los acuerdos de seguridad, mientras que las reuniones para unificar la Guardia de Instalaciones de Petróleo (GIP) arrancarán el 16 de noviembre en Brega.
Por su parte, el subcomité encargado del intercambio de detenidos mantendrá sus trabajos y se han activado los procedimientos para el envío sobre el terreno a equipos de artificieros para un desminado en el que cooperarán equipos de Naciones Unidas.
Las partes han acordado además reiniciar los vuelos entre Sebha y Ghadames y crear un comité para luchar contra el discurso de odio en el país, al tiempo que han pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que apruebe una resolución respaldando el acuerdo de alto el fuego alcanzado en Ginebra.
El alto el fuego fue pactado tras un proceso de contactos en Suiza por parte de la Comisión Militar Conjunta (JMC, según sus siglas en inglés), parte de la conocida como 'vía de seguridad' surgida de la Conferencia de Berlín de enero de este año, junto con las vías económica y política. Este proceso de tres vías fue respaldado por la citada resolución 2510 del Consejo de Seguridad de la ONU.
El primer ministro del Gobierno de unidad de Libia, Fayez Serraj, anunció la semana pasada su decisión de dar marcha atrás en su compromiso de dimitir a finales de octubre a la espera de los resultados del LPDF --del que debe salir el nuevo órgano ejecutivo al que le entregará el poder--, con el objetivo de evitar que el país caiga en una situación de vacío de poder.
Los contactos entre las partes se han intensificado desde que el Gobierno de unidad, reconocido internacionalmente y respaldado militarmente por Turquía, rechazara la ofensiva lanzada en abril de 2019 por Jalifa Haftar, que cuenta con el respaldo de Egipto, Rusia y Emiratos Árabes Unidos (EAU), contra la capital, Trípoli.
Libia vive sumida en el caos desde la caída del régimen de Muamar Gadafi en 2011. El conflicto actual enfrenta al Gobierno reconocido internacionalmente, con sede en Trípoli, con el establecido en la ciudad de Tobruk, en el este, y sustentado por el general Haftar.
La duplicidad institucional en Libia se retrotrae a las elecciones parlamentarias de 2014, que dividieron las administraciones, sin que las asentadas en el este --anteriormente reconocidas por la comunidad internacional-- y el Gobierno de unidad, surgido del acuerdo de Sjirat en 2015, consiguieran pactar su unificación desde entonces.