MORENA propone que los proyectos mineros se consulten con los indígenas

MORENA propone que los proyectos mineros se consulten con los indígenas
20 de noviembre de 2018 REUTERS / DANIEL BECERRIL

CIUDAD DE MÉXICO, 20 Nov. (Reuters/EP) -

El partido del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha presentado este martes ante el Senado una iniciativa que busca obligar al Gobierno a solicitar el consentimiento de las comunidades indígenas antes de otorgar concesiones mineras en sus territorios.

La propuesta presentada por Morena pretende reformar la Ley Minera para obligar a la Secretaría de Economía y al Servicio Geológico Mexicano a llevar a cabo los procedimientos de consulta con las comunidades cuando los proyectos afecten zonas indígenas.

El plan también incluye la cancelación de las concesiones si las empresas no presentan un informe anual sobre el impacto social de los proyectos.

México firmó hace casi 30 años un convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el que se comprometió a consultar a los pueblos originarios sobre el desarrollo de proyectos que pudieran afectar sus intereses.

Sin embargo, hasta ahora, las leyes locales sólo obligan al Gobierno a llevar a cabo consultas con comunidades indígenas para proyectos de energía.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería tiene registrados más de 15.000 conflictos sociales en el país relacionados con esta industria, según la iniciativa, que fue enviado a comisiones del Senado para su discusión.

Tanto en la Cámara alta como en la de Diputados, Morena --con el apoyo de sus aliados-- cuenta con más de la mitad de los asientos, por lo que la propuesta podría recibir 'luz verde'.

Por otra parte, diputados de Morena han presentado una iniciativa legislativa para crear la Guardia Nacional, una polémica Policía Militar que se encargará de la seguridad pública y reemplazará al Ejército y la Marina en la lucha contra el crimen organizado.

Con la modificación de hasta trece artículos constitucionales, la iniciativa contempla la creación del cuerpo de unos 50.000 personas que estará integrado por miembros del Ejército, la Marina y la Policía Federal.

En 2006, el expresidente Felipe Calderón sacó al Ejército a las calles para combatir a las bandas de narcotraficantes y del crimen organizado. Pero tras doce años, los cárteles de la droga se han fragmentado, fortalecido y su combate ha dejado más de 170.000 muertos y decenas de miles de desaparecidos.

"UN PAÍS DE VÍCTIMAS"

"México se ha convertido en un país de víctimas, más del 90 por ciento de los delitos cometidos desembocan en la impunidad y el país sigue padeciendo la aguda carencia de una policía profesional", ha dicho la diputada 'morenista' María Alvarado en la exposición de motivos para la modificación constitucional.

López Obrador ha propuesto atacar las causas que generan la violencia combatiendo la desigualdad y la pobreza y ha prometido retirar al Ejército de las calles, promover una ley de amnistía para los bajos rangos del mundo criminal y despenalizar diversas drogas.

Por ello, la creación de la Guardia Nacional ha despertado la crítica de organizaciones de Derechos Humanos y la oposición política de quienes aseguran que insistir en la militarización del país no resolverá el problema y agudizará las violaciones a los Derechos Humanos.

"(Con la Guardia nacional) se profundiza la estrategia de militarización", ha señalado la diputada independiente Lucía Riojas. "Y nos ha quedado claro en los últimos doce años de guerra, que no hay evidencia alguna sobre que tener al Ejército en las calles tenga un impacto en la reducción de la violencia", ha subrayado.

Sin embargo, la iniciativa propone modificar algunos artículos de la Constitución para que los miembros de la Guardia Nacional reciban capacitación en Derechos Humanos, lógicas de proximidad, sean juzgados por el fuero civil y, entre otras cosas, no podrán trasladar a ningún detenido a instalaciones militares.

Además, el cuerpo, que operará plenamente a mediados del sexenio de López Obrador, en 2021, ayudará al Ministerio Público en la investigación de delitos y deberá coordinar su actuación con el resto de fuerzas públicas de municipios y estados.

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