LIMA, 13 Ago. (Reuters/EP) -
El Gobierno peruano ha acordado este miércoles iniciar una negociación con los trabajadores mineros de la compañía Doe Run para reactivar un paralizado complejo metalúrgico, después de que violentas protestas dejasen en la víspera un muerto y más de 50 heridos.
Cientos de trabajadores de la fundición y refinería de La Oroya, que está paralizada desde hace seis años, bloquearon la principal carretera en el centro del país y se enfrentaron el martes con la policía para pedir al Gobierno que flexibilice las normas ambientales que permitan reabrir el complejo minero.
"Todos estamos en la misma línea (...) Nos vamos a sentar a dialogar a partir de mañana (jueves) para buscar este resultado", ha asegurado la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, tras reunirse con representantes de los trabajadores.
Por su parte, el líder sindical Luis Castillo ha afirmado que apoyarán el diálogo para evitar una liquidación del complejo, que llegó a ser el sexto exportador de metales del país, después de que la semana pasada su licitación fuese declarada desierta por la ausencia de postores ante la rigidez de las leyes ambientales.
"Queremos pedirle que se respete el derecho de los trabajadores (...) pedirle el apoyo de nuestro presidente (Ollanta Humala) que en realidad tengo entendido está preocupado, pero que nos ayude a solucionar este tema", ha agregado Castillo.
INTERVENCIÓN MILITAR
Horas antes, el Gobierno emitió una norma autorizando a los militares a intervenir en esa zona "para asegurar el control", después de que los trabajadores y pobladores de La Oroya, en la región andina de Junín, bloqueasen la carretera central de Perú, impidiendo el paso de autobuses y camiones de carga.
"Las medidas de reclamos son válidas, por tanto se respete la ley. La toma de vías como es la carretera central, constituye un delito y eso no se debe producir", ha indicado la ministra Ortiz.
El complejo metalúrgico de La Oroya, que era controlado por una filial del estadounidense Renco Group, no opera desde junio del 2009 por incumplimiento de un plan ambiental y millonarias deudas con sus acreedores, entre los que figuran el Estado peruano y otras firmas mineras locales.
Perú es el tercer productor mundial de cobre y la minería es clave para la economía del país, porque sus ventas representan alrededor del 60 por ciento del total de sus exportaciones.