7 de julio de 2012

La CIDH insta al Gobierno a garantizar la vida, integridad y seguridad de los manifestantes en Cajamarca

LIMA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado este viernes su "preocupación" por los disturbios en la región de Cajamarca, ubicada en el noroeste de Perú, al tiempo que ha instado al Gobierno a "garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las personas que protestan contra el proyecto minero Conga".

Así, ha hecho un llamamiento al Ejecutivo para "que haga uso de la fuerza exclusivamente con la finalidad de cumplir con su obligación de proteger a los manifestantes y a los miembros de las fuerzas de seguridad, y sólo utilizando la fuerza que sea estrictamente necesaria, conforme a los principios internacionalmente reconocidos".

En ese sentido, ha solicitado al Estado "que adopte de manera urgente todas las medidas necesarias para la debida protección de los manifestantes y de los miembros de las fuerzas de seguridad". En concreto, ha apuntado que "en los operativos de seguridad, las autoridades deben tomar en especial consideración el interés superior de los niños".

El alto tribunal también ha recordado a las autoridades del país andino "su obligación de esclarecer judicialmente las muertes y los hechos de violencia, de sancionar a los responsables y de reparar las consecuencias

Además, ha subrayado que "los derechos de asociación, manifestación y a la libertad de expresión son derechos fundamentales garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que cualquier restricción de los mismos debe estar justificada en base a un interés social imperativo".

"Un Estado puede imponer limitaciones razonables a las manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las mismas, así como dispersar aquellas que se tornan violentas, siempre que tales límites se encuentren regidos por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad", ha explicado.

A ello ha añadido que "el accionar de los agentes estatales no debe desincentivar el ejercicio de dichos derechos, por lo que la disolución de una manifestación debe justificarse en base al deber de protección de las personas".

Asimismo, la CIDH ha urgido "a todas las partes a cesar la violencia y a buscar por la vía del diálogo una solución pacífica a este conflicto de conformidad con los mecanismos institucionales existentes en el Estado".

ATAQUES A ACTIVISTAS

Por otro lado, la CIDH ha denunciado que, según la información recibida, "defensores de los Derechos Humanos que se encontraban realizando labores de verificación en la zona (de Cajamarca) habrían resultado agredidos durante la intervención de las fuerzas de seguridad".

En particular, ha señalado las agresiones que habrían sufrido Amparo Abanto, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y Genoveva Gómez, abogada de la Defensoría del Pueblo, por parte de policías mientras se encontraban investigando la detención de manifestantes la Plazuela Bolognesi el pasado 21 de junio.

La CIDH ha apuntado que también ha recibido información sobre "un uso abusivo de la fuerza" en la detención del líder de Tierra y Libertad y promotor de las protestas contra el proyecto minero, Marco Arana, que, ha recordado, "es beneficiario de medidas cautelares otorgadas el 23 de abril de 2007".

En este contexto, ha reiterado que "los actos de violencia y otros ataques contra los defensores de los Derechos Humanos no solamente violan sus garantías individuales, sino que también atentan contra el rol fundamental que cumplen en la sociedad y generan situaciones de indefensión para todas las personas que se benefician de sus labores".

LAS PROTESTAS

Los disturbios comenzaron el pasado miércoles en el municipio de Celendín, cuando cientos de personas se manifestaron en contra del proyecto minero Conga, valorado en unos 4.800 millones de dólares (3.808 millones de euros), por considerar que va a detraer los recursos hídricos de la región.

Las protestas se han extendido a otros municipios de Cajamarca y han derivado en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que, de momento, se han saldado con la muerte de cinco personas, entre ellas un joven de 17 años de edad, y decenas de heridos, entre manifestantes y uniformados.

A raíz de este suceso, el Gobierno ha declarado el estado de emergencia en las provincias de Celendín, Hualgayoc y Cajamarca. La medida estará vigente durante 30 días y podrá prorrogarse en caso de que persistan las circunstancias que han llevado a su implementación.