LIMA, 10 Jul. (Reuters/EP) -
El Tribunal Constitucional de Perú se ha mostrado este miércoles en desacuerdo con la petición del presidente del país, Ollanta Humala, para postergar una resolución sobre el pago de una multimillonaria deuda por bonos emitidos hace cuatro décadas como parte de una reforma agraria.
El presidente de la máxima instancia judicial local, Oscar Urviola, ha declarado que la resolución buscará honrar una vieja deuda con un mecanismo que no perjudique las cuentas nacionales y que fortalezca la confianza de los inversionistas.
Cálculos conservadores apuntan a una deuda en bonos de entre 1.000 millones y 3.000 millones de dólares. Otros arrojan una cifra mayor, de entre 4.600 millones y 8.000 millones de dólares, o alrededor del 4 por ciento del PIB, en papeles que están en manos de acreedores locales y extranjeros
"Debemos expresar nuestra disconformidad en la opinión que él (presidente Humala) ha vertido respecto a que el Tribunal Constitucional debe evitar pronunciarse sobre determinadas causas que considera sensibles", ha afirmado Urviola en una conferencia de prensa convocada para el tema.
"Esta es una opinión muy respetable, pero que no compartimos por cuanto el Tribunal Constitucional como institución autónoma y dentro de las funciones que le asigna la Constitución está obligada a administrar justicia", ha añadido.
Humala pidió el martes a los magistrados de la corte, en una entrevista con RPP, que se abstengan de emitir fallos que se consideran "sensibles", como el de los bonos agrarios, porque la mayoría de los miembros están a punto de ser renovados.
Los llamados "bonos agrarios" fueron emitidos como compensación en la década de 1970 dentro de un programa de redistribución de tierras iniciado por el Gobierno izquierdista el general Juan Velasco, quien trató de tomar las haciendas de los ricos y entregarlas a los campesinos.
El Tribunal Constitucional ordenó al Ejecutivo pagar los bonos en una sentencia en 2001, pero desde entonces una serie de presidentes lo han postergado, preocupados por la falta de dinero para cancelarlos.
"Lo único que esta pendiente de resolución, no de sentencia, es un periodo de ejecución de esa sentencia dictada hace 12 años por el Tribunal Constitucional", ha puntualizado Urviola.