Actualizado 05/04/2013 20:05

Perú.- La Fiscalía investigará las compras secretas por casi 950 millones de euros durante el Gobierno de Alan García

El expresidente podría ser inhabilitado para ejercer cargo público durante 10 años en relación con indultos que concedió


LIMA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Público peruano investigará las compras secretas que se realizaron durante el segundo Gobierno del expresidente Alan García por valor de 3.200 millones de nuevos soles (949,77 millones de euros), según ha informado este viernes el fiscal general, José Peláez Bardales.

"Es un hecho que tiene que ser materia de investigación y vamos a ver hasta qué punto podemos llegar", ha señalado, en declaraciones recogidas por la agencia oficial Andina.

Este jueves, el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, había revelado en un comunicado que el Gobierno de Alan García recurrió al "secreto militar" para realizar un total de 157 compras.

Según ha afirmado hoy Peláez Bardales, la investigación deberá determinar las razones por las que estas adquisiciones fueron realizadas como compras secretas. "Todo esto lo vamos de alguna manera a ver, para que no quede absolutamente ninguna duda de cómo se hicieron esas compras y por qué razones permanecieron en ese secretismo", ha añadido.

En declaraciones a una emisora local, el fiscal ha defendido que ante informaciones como la hecha pública por Cateriano, "inmediatamente nos interesamos en iniciar las investigaciones y pesquisas correspondientes".

Esta investigación se suma a la polémica suscitada por la noticia de que el Gobierno de Alan García amnistió o redujo la pena a un total de 5.500 presos, incluidas 400 personas condenadas por narcotráfico, durante su mandato, revelada esta semana por el programa de televisión Cuarto Poder.

García se apresuró a negar que hubiera indultado a 400 condenados por narcotráfico. "En ningún caso de narcotráfico se ha concedido indulto porque está prohibido", defendió. No obstante, reconoció que, "atendiendo a razones humanitarias", redujo la pena a "burriers" (extranjeros) y pequeños narcotraficantes "que se hacinan (en las cárceles) y nos cuestan dinero".

El expresidente aseguró que si se le hubiera propuesto conceder un indulto a un "gran narcotraficante", "no lo hubiera hecho". "Porque está prohibido y no está en mi conciencia", argumentó.

DIEZ AÑOS DE INHABILITACIÓN

Según informa este viernes el diario 'El Comercio', García podría ser inhabilitado durante diez años para ejercer cargo público. De acuerdo con el diario, el presidente de la comisión que investiga los presuntos actos de corrupción durante el Gobierno de García, Sergio Tejada, estaría barajando pedir la inhabilitación por infracción constitucional, ya que el entonces mandatario no habría cumplido con la ley que regula los indultos.

El diario recuerda que la comisión parlamentaria tiene hasta el 17 de mayo para presentar su informe final --en el que se pedirán penas de cárcel de entre 3 y 6 años de cárcel para varios exministros de Justicia--, pero se da por hecho que pedirá estas penas.

Sin embargo, añade, la inhabilitación a Alan García requiere 87 votos en el pleno. Actualmente Gana Perú, el partido del presidente Ollanta Humala; Perú Posible, del expresidente Alejandro Toledo, y Acción Popular-Frente Amplio, tienen 68 escaños.

Desde el partido de García, Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), el congresista Javier Velásquez ha denunciado que hay una estrategia del Gobierno para impedir que García participe en las elecciones de 2016.

En este sentido, ha acusado al primer ministro, Juan Jiménez, de estar al mando de esta campaña. "Es una estrategia montada por el Gobierno y apoyada por la alianza política entre Gana Perú y Perú Posible, para descalificar política y moralmente al ex presidente García y sacarlo del camino", ha defendido.

Por su parte, el primer ministro ha negado cualquier injerencia política del Gobierno en la comisión de investigación y ha atribuido la reacción de los apristas a temores o nerviosismos. "No quisiera que se haga política electoral en el 2013, es muy prematuro (...) Que las personas que están investigadas no generen otro tipo de debate. Por qué desviar la atención de una investigación", se ha preguntado.