LIMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Salud peruano, Óscar Ugarte, calificó este viernes como "injusta para los más pobres" la decisión del Tribunal Constitucional de prohibir la distribución gratuita de la píldora del día después. Además tachó de absurdo el fallo del tribunal porque invalida el reparto en el sistema de salud público pero no en las farmacias privadas.
"Ahora el Tribunal Constitucional falla para que el Ministerio de Salud no distribuya esta píldora, pero no falla para que los laboratorios privados y las farmacias la dejen de distribuir. Eso significa que si alguien la puede pagar, la seguirá usando y los pobres no", dijo el ministro.
Los magistrados del Tribunal Constitucional argumentaron en la sentencia que durante su deliberación no consiguieron aclarar si este método anticonceptivo puede considerarse también un método abortivo y, por tanto, ordenaron al Ministerio de Salud que se abstenga de distribuirlo.
Ugarte señaló que el Gobierno acatará la referida sentencia, al tiempo que expresó su disconformidad con la misma. "Esto me sorprende tremendamente porque la píldora del día siguiente es una gran necesidad de salud pública. Es absurda la decisión del Tribunal Constitucional porque ni siquiera en su argumentación tiene la certeza de que hace daño a la persona", manifestó.
El titular de sanidad apuntó que si realmente se tratara de un producto dañino para la salud, el fallo afectaría también al sector privado, "pues la ley es igual para todos, sin este tipo de distinciones inadmisibles".
Asimismo, Ugarte recordó que el Tribunal Constitucional no se opuso a la importación de este medicamento cuando los laboratorios privados pidieron al poder judicial la autorización necesaria para dispensarlo en el país. "En esa oportunidad nadie dijo nada", añadió.
El funcionario defendió el uso de la píldora, basándose en los estudios científicos que demuestran que es un método anticonceptivo y no abortivo, además de ser la mejor alternativa para evitar embarazos no deseados. Por ello, anunció que junto a un grupo de especialistas del ramo, evaluará otras vías jurídicas para poder suministrar el medicamento a través del sistema público de planificación familiar.