LIMA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Perú ha declarado el estado de emergencia y suspendido todas las garantías constitucionales en la provincia de Abancay, en el departamento de Apurímac (sur), ante la decisión de sus habitantes de reiniciar una huelga general a partir de este miércoles en demanda de una asignación adicional en el presupuesto del año 2010.
El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, aclaró que esta medida no constituye una represalia contra los manifestantes que exigen al Gobierno un mayor presupuesto, sino más bien para garantizar que se generen hechos violentos.
Según Decreto Supremo, publicado en una edición extraordinaria del diario oficial 'El Peruano', durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales referidos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito.
El Ministerio del Interior, a través de las Fuerzas Armadas, será el encargado de velar por la seguridad y el orden público durante la huelga general.
El presidente del Frente de Defensa de Apurímac, José Zuluoaga, dijo este miércoles a la prensa local que el paro general se ha cumplido "plenamente" en toda la provincia donde los comercios y supermercados han permanecido cerrados.
Las fuerzas de seguridad peruanas han redoblado el despliegue de efectivos para evitar hechos similares a los ocurridos hace unos días en medio una huelga que se prolongó por 11 días y que provocó disturbios que dejaron más de 60 heridos.
Tras estos incidentes, Velásquez Quesquén y representantes del Frente de Defensa de Apurímac se sentaron a dialogar este martes pero sin llegar a un acuerdo ya que el Gobierno ofreció un incremento del presupuesto de Apurímac por 20 millones de soles (4,5 millones de euros), frente a los 60 millones de soles (13,7 millones de euros) que piden los manifestantes.
Los líderes del Frente se quejan porque el gobernador de la región de Apurimac, David Salazar, pretende asignar el 70 por ciento del presupuesto de 2010 a la provincia de Andahuaylas, mientras que el 30 por ciento restante deberá ser dividido entre las provincias de Abancay, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau.
Salazar fue destituido de su cargo el pasado 17 de noviembre por organizaciones civiles que lo denunciaron por corrupción, quedando al frente de la Gobernación el vicepresidente regional, Willer Taipe, pero Salazar, hasta la fecha, se ha negado a dejar su puesto.
"Esperemos que los dirigentes que están frente a esta paralización entiendan que se ha hecho todo el esfuerzo desde de las autoridades nacionales, regionales y locales para poder encontrar una salida a sus demandas", señaló Velásquez Quesquén.