Actualizado 03/05/2008 03:36

Perú.- Grupos de Derechos Humanos acusan al Gobierno peruano de endurecer su postura frente a las protestas sociales

LIMA, 3 May. (Reuters/EP) -

Varios activistas pro Derechos Humanos acusaron ayer al Gobierno y al presidente Alan García, de endurecer su postura contra las protestas sociales en Perú, cuya economía se encuentra en crecimiento, pero aún parece atascado por las profundas divisiones tras dos décadas de un duro conflicto interno.

García, que fue acusado de violaciones a los Derechos Humanos en una primera gestión entre 1985 y 1990, mantiene una férrea defensa de su política de apertura económica con fuertes críticas a opositores y una relación tirante con las ONG defensoras de los Derechos Humanos y del medio ambiente.

En febrero, gremios como los agricultores y grupos de izquierda en ciudades andinas del sur protagonizaron protestas contra el Gobierno, incluyendo el bloqueo de vías y choques con las fuerzas de seguridad, que dejaron al menos cuatro muertos. "Este es el tema que más nos preocupa, cómo responde con uso excesivo de la fuerza el Gobierno, limitando posibilidades de movilización, de manifestación", dijo el representante de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Francisco Soberón, en una conferencia de prensa.

Según un informe de Aprodeh de marzo, desde el inicio de la gestión de García en julio de 2006, 13 personas murieron en protestas sociales o gremiales en Perú, entre ellas un niño, mientras que las leyes sobre seguridad se han endurecido. "El examen de estas normas refleja más bien la intención de reprimir las movilizaciones sociales que en los últimos meses se han producido", indica el informe de Aprodeh.

Para Marie Manrique, una profesional en Derechos Humanos que trabajó casi cinco años en Perú, el aumento de la represión respondería a diversas motivaciones, entre ellas la proximidad de dos cumbres internacionales en el país andino.

TENSION FRENTE A LAS CUMBRES

En menos de dos semanas, el país andino será sede de la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, mientras que en noviembre albergará a la cumbre del Foro Económico de Cooperación Asia-Pacífico. "Tiene que ver con las cumbres y está enlazado con temas pendientes del conflicto interno que nunca han sido tratados y asuntos relacionados al control de los recursos naturales y la seguridad alimentaria", aseguró Manrique a Reuters.

El Gobierno ha acusado a grupos ecologistas de impedir el desarrollo del país impulsando protestas contra la minería, motor de la economía local, y el sector hidrocarburos. La tensión entre el Gobierno y los defensores de derechos en Perú se agudizó desde que la semana pasada el Gobierno señaló a Aprodeh como responsable de influir en una decisión del Parlamento Europeo para no incluir a un grupo guerrillero peruano en una lista de organizaciones terroristas.

Aprodeh afirmó que no era necesario incluir en esa lista al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que tuvo su apogeo en la década de 1990, porque "ya no existe" desde hace unos años, en respuesta a una consulta del Parlamento Europeo. Según Soberón, "sobredimensionar" la existencia y actividad de este grupo podría ser usado por las fuerzas de seguridad para perseguir activistas sociales y ecologistas.

"Después de esto ya se ha venido esta campaña 'macarthista' desde el más alto nivel de decirnos traidores a la patria, que estamos siendo soporte del terrorismo", añadió Soberón. El Gobierno y los principales partidos opositores se unieron para rechazar la opinión de Aprodeh y exigir que se investiguen sus actividades y fuentes de financiamiento.

"¿Organismos defensores de qué Derechos Humanos?, De los (derechos) de los terroristas", afirmó a los periodistas el vicepresidente de Perú, Luis Giampietri, tras descartar que exista una persecución o intento de amedrentar a la ONG. Giampietri ha sido acusado de dirigir una sangrienta represión de un motín de guerrilleros en un penal durante el primer Gobierno de García, pero también fue rehén en la toma de la residencia del embajador de Japón en Perú por el MRTA en 1996.

Organismos como la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Centro Internacional para la Justicia Transicional, han comunicado a García su preocupación por "la peligrosa campaña mediática" contra Aprodeh y las "acusaciones y amenazas" de autoridades del Gobierno a Soberón.