LIMA, 18 Oct. (Reuters/EP) -
El proyecto para la construcción del Museo de la Memoria para honrar a las víctimas del conflicto armado de Perú provocó profundas divisiones políticas, después de los hallazgos del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú de 2003, en el que se reconocía las acciones perpretradas por los militares mientras luchaban contra el grupo rebelde Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Continúa así el debate sobre si se debe enjuiciar o no a oficiales militares por supuestos abusos a los derechos humanos, un asunto que podría afectar a la carrera presidencial del 2011. Algunos funcionarios de alto rango se oponen a la construcción del museo y hasta ponen en duda los hallazgos de la comisión de la verdad, convocada por el ex presidente Alejandro Toledo, mientras que otras personalidades, como el novelista peruano Mario Vargas Llosa encabeza la dirección del museo y cataloga a sus críticos de "recalcitrantes".
Incluso el ministro de Defensa, Rafael Rey, y el vicepresidente, Luis Giampietri, un ex almirante de la Marina, insisten en que las Fuerzas Armadas protegieron al pueblo peruano de los bombardeos y ataques de la guerrilla y que la comisión infló las cifra de muertos durante la guerra civil, además de acusar a grupos pro derechos humanos de defender a los guerrilleros. "Yo no apoyo esta idea del Museo de la Memoria", afirmó el ministro Rey. "Desean construir un museo para los muertos cuando Sendero Luminoso, junto a los traficantes de droga, siguen matando a peruanos", sentenció.
El presidente de la principal asociación pro derechos humanos de Perú, APRODEH, Francisco Soberón, declaró que el Gobierno es renuente a admitir que hubo más de un caso aislado de abuso. "Existen demandas pendientes y el Ejército está tratando de detenerlas, así que lo que estamos viendo es un esfuerzo por negar que hubo violaciones graves, sistemáticas y generalizadas en contra de los derechos humanos", precisó.
El año pasado el ex presidente Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años en prisión por dos masacres perpetradas por escuadrones de la muerte en la década de 1990. Algunos críticos opinan que el veredicto de la Corte Suprema debería servir como un precedente a la hora de enjuiciar a otros ex funcionarios.
El ex rector universitario que dirigió la comisión y actualmente colabora con la planificación del museo, Salomón Lerner, recibió recientemente amenazas de muerte y dos de sus perros aparecieron muertos por envenenamiento. Lerner recibió el apoyo de más de 200 figuras prominentes del país andino, que publicaron un anuncio en un periódico local solicitando al Gobierno le brinde protección especial.