LIMA, 20 Mar. (Reuters/EP) -
El Gobierno peruano ha dicho este jueves que la Policía investiga el asesinato a tiros del alcalde de una localidad andina cercana a la que será una de las minas de cobre más grande del país, en medio de las demandas de beneficios por la explotación del recurso.
La muerte de Alberto Roque, alcalde del distrito de Mara --aledaño al proyecto Las Bambas, controlado por la empresa MMG, de la china Minmetals Corp--, generó una fuerte reacción de algunos organismos del Estado que demandan esclarecer el crimen y capturar de los implicados.
El ministro de Interior, José Pérez Guadalupe, viajó al distrito de Mara con un equipo especial de la Policía y la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado para pedir investigar el móvil de crimen, que según las autoridades no sería el robo.
"De momento no tenemos ninguna declaración de que tuviese un enemigo o algo, pero no fue robo", ha afirmado la fiscal del caso, Jessica Pumacayo, en una conversación telefónica con la agencia de noticias Reuters.
El alcalde fue aparentemente emboscado el miércoles cuando viajaba en un automóvil oficial, según la Policía. Luego "hubo disparos" que provocaron la muerte de Roque, añade la fiscal.
Mara y otros distritos de la zona no se oponen al proyecto Las Bambas, pero reclaman obras de infraestructura y puestos de trabajo, una demanda que generó protestas contra la minera el pasado mes de febrero, ha recordado el alcalde de Challhuahuacho, Antolin Chipani. "Todos los alcaldes estamos con miedo", ha apostillado.
La primera ministra de Perú, Ana Jara, ha afirmado a la radio local RPP que habrían grupos radicales que se oponen al diálogo como mecanismo para solucionar conflictos. En este sentido, ha asegurado que el Gobierno no va a permitir "que el terror se sobreponga sobre la democracia".
Las Bambas, con una inversión de, al menos, 6.000 millones de dólares, entraría en operaciones en el año 2016 y produciría unas 450.000 toneladas de cobre anuales a plena capacidad.
La minería en Perú, clave para la economía local, es blanco de conflictos sociales en demanda de beneficios en zonas donde opera y por temor a que su actividad genere daños ambientales.