Por Marco Aquino
BAGUA GRANDE, Perú (Reuters/EP) - El Gobierno peruano logró el domingo reponer el orden en la norteña región amazónica de Bagua, donde una ola de protestas dejó decenas de muertos, pero la tensión persistía en lugares más remotos, donde grupos de indígenas trataban todavía de bloquear carreteras.
El reporte de relativa tranquilidad tras dos días de violencia derivada de una movilización indígena contra una política de inversiones del presidente neoliberal Alan García fue divulgado, mientras políticos opositores y hasta medios locales pedían la renuncia del gabinete ministerial.
El gobernante, próximo a completar el tercero de sus cinco años de mandato, parecía firme ante el conflicto más grave enfrentado en su gestión, y dijo que estaba frente a una "conspiración" que podría tener vínculos internacionales.
Un jefe policial de alto rango dijo que el saldo oficial de la violencia desatada el viernes y sábado en una carretera y en una estación petrolera próximas a Bagua, a unos 1.400 kilómetros al norte de Lima, era de 23 policías, nueve indígenas y cuatro pobladores muertos, además de unos 150 heridos y 72 detenidos.
Pero diversas fuentes no oficiales, a la par de dirigentes indígenas, insistían en que había más de 30 nativos muertos y sugirieron incluso que varios de ellos habrían sido arrojados a ríos de la zona.
"No tenemos ninguna información sobre la desaparición de indígenas muertos, eso lo tendrá que establecer el ministerio público", dijo a radio CPN el general Miguel Hidalgo, jefe de estado mayor de la policía.
En Bagua Chica, a unos 30 kilómetros de Bagua Grande, el jefe policial José Luis Santillán, dijo que, luego de una noche de toque de queda y un fuerte patrullaje militar y policial, el orden había sido restablecido en la región.
"En este momento, la situación es normal, pero de manera preventiva seguimos patrullando. Estamos trabajando en búsqueda de dos policías todavía desaparecidos y el armamento que los indígenas robaron a los policías", dijo en una calle donde era notoria la ausencia de los nativos que solían llegar para hacer comercio y ofrecer su mano de obra.
Mientras la policía rendía honores a los uniformados muertos y los trasladaba a Lima, dirigentes indígenas pedían garantías para buscar a los "más de 30" nativos fallecidos en los sucesos, en medio de mutuas acusaciones de extrema violencia y hasta salvajismo.
El fiscal Edgar Ramos dijo que asistió al levantamiento de 10 cadáveres de policías en una estación del principal oleoducto del país cerca de Bagua Grande, donde dijo que constató que los agentes tenían las manos atadas por atrás y "varios de ellos con signos de haber sido degollados".
"Los cuerpos de los policías tienen cortes visibles en el cuello, la cabeza y otras partes, hay principalmente heridas con arma punzocortante", afirmó.
BLOQUEO PERSISTE
En contraste con el relativo orden en Bagua Grande, varios centenares de nativos mantenían bloqueos de carreteras en la también amazónica región de Yurimaguas.
Testigos dijeron que los indígenas congregados cerca de Yurimaguas anunciaron "resistencia total" contra el Gobierno, al que exigen derogar una ley que teóricamente atraería inversiones para la explotación de hidrocarburos y otros recursos naturales de la selva.
Dirigentes indígenas dijeron en Bagua que temían una intervención policial a los bloqueos persistentes, pero no pudieron confirmar reportes radiales de una movilización policial hacia la zona.
El Gobierno guardaba silencio sobre el bloqueo en Yurimaguas.
(Con reporte de Carlos A. Quiroga en Lima. Editado por Marion Giraldo/Rodolfo Saavedra)