SANTIAGO, 12 May. (EUROPA PRESS) -
El colectivo de pescadores de la región de Chiloé ha exigido que se celebre una reunión en las próximas 48 horas con las autoridades chilenas, en la que esté presente un delegado de la Presidencia, como requisito para abandonar las manifestaciones con las que, desde principios de mes, están protestando por la gestión en torno a la crisis de la marea roja, tal y como aseguran los medios locales.
Tras una intensa reunión en Puerto Montt, el colectivo de pescadores artesanales, en un comunicado, ha solicitado esta reunión para crear una nueva política de Estado que tenga como objetivo la ayuda al sector.
"En esta reunión deberán acompañar al delegado presidencial el intendente de la Región de Los Lagos, los alcaldes de las comunas involucradas, los consejeros regionales, diputados y senadores, quienes en conjunto con los pescadores comenzarán con el trabajo para crear esta nueva política de estado", ha indicado el portavoz de la mesa de trabajo, Marco Salas, en declaraciones recogidas por la edición digital del diario chileno 'El Mercurio'.
Asimismo, han repetido sus exigencias en materia económica, y han insistido en que es necesaria una compensación de emergencia sin requisitos para los pescadores.
"Una vez que termine esta reunión con el delegado presidencial y todas las autoridades convocadas, se depondrá el paro en la Región de Los Lagos, previa consulta a nuestras bases de la pesca artesanal", ha indicado Salas, en la lectura del comunicado.
Este martes, el presidente del Consejo de Pescadores Artesanales y Pueblos Originarios (Prodalmar), el chileno Luis Adue, criticó que hubiera personas ajenas a la pesca que estén recibiendo las indemnizaciones que el Gobierno ha comenzado a otorgar a los afectados por la marea roja que está afectando a los trabajadores de la región de Chiloé.
Tras una compensación inicial ofrecida por el Ejecutivo de 100.000 pesos chilenos (unos 132 euros), los pescadores de Los Lagos salieron a la calle a protestar, exigiendo que esta cantidad fuera, al menos, cuatro veces mayor.
El Gobierno ofreció triplicar la indemnización hasta los 300.000 pesos chilenos (cerca de 390 euros) durante los próximos dos meses, si bien luego sería reducido, lo que fue aceptado por los representantes de los pescadores, aunque el acuerdo fue posteriormente rechazado por las bases.