QUITO (Reuters/EP) - El Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el consorcio que opera el segundo mayor ducto en Ecuador, dijo el jueves que está abierto a dialogar con el Gobierno, luego de que el presidente Rafael Correa anunció que busca renegociar el contrato por irregularidades.
El mandatario, quien ha sumado el respaldo popular con medidas nacionalistas, quiere renegociar el convenio suscrito por el Estado con las socias del ducto privado para su construcción entre el 2001 y el 2003.
"OCP Ecuador S.A. trabaja respetando siempre la Ley y el Contrato de Autorización firmado legítimamente con el Estado y está abierta a dialogar con las autoridades con la misma transparencia que la ha caracterizado desde el inicio", dijo la firma en un comunicado.
La española Repsol-YPF, la brasileña Petrobras, la francesa Perenco y Andes Petroleum, que es controlada por National Petroleum Corp de China, tienen participaciones del OCP, que transporta unos 130.000 barriles de crudo pesado por día.
Correa acusó a la firma de "robar" al país al evadir millones de dólares en impuestos, inflar la inversión y recurrir a préstamos ficticios.
La firma agregó que el contrato se suscribió respetando las leyes locales y que pagó al Estado más de 42 millones de dólares por Impuesto a la Reta (IR).
La inversión total en el oleoducto fue de 1.474 millones de dólares, una de las mayores del país andino en los últimos años, y fue financiada totalmente para las socias del OCP.
"OCP ha cumplido siempre con la ley ecuatoriana", insistió
el comunicado.
El ministerio de Minas y Petróleos integró una comisión para analizar el contrato y en 45 días presentará un informe.
El ducto bombea petróleo crudo desde los campos del nororiente del país al puerto de Esmeraldas en la costa del Pacífico.
Desde que asumió en el 2007, Correa ha elevado impuestos y ha amenazado con terminar contratos si las compañías petroleras no acuerdan en volverse proveedoras de servicios y aumentan sus inversiones.
Sus tácticas agresivas han provocado que varias compañías enjuicien al país miembro de la OPEP en tribunales extranjeros.
(Por Alexandra Valencia. Editado por Javier López de Lérida)