LA PAZ, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Gobierno de Bolivia --anterior Ministerio del Interior-- ha solicitado a la Fiscalía que abra una investigación para sancionar a un grupo de discapacitados que, según denuncian, habrían agredido a varios agentes de la Policía durante un enfrentamiento este viernes, en el marco de las protestas que se registran desde finales de marzo para reclamar una subida de la ayuda mensual a este colectivo.
En un comunicado difundido desde su página web, el Ministerio ha solicitado una "investigación de oficio" para que el Ministerio Público establezca "responsabilidades en contra de las personas que incurrieron en estos ilícitos", en relación a las agresiones.
Interior asegura que un total de diez agentes han resultado heridos por parte de los discapacitados que participaban en la protesta, a los que denuncia por haber usado "cachorros de dinamita" y de haberse "autogasificado", si bien los medios locales informaron previamente de que las autoridades habían utilizado gases lacrimógenos para reprimir la manifestación.
En este sentido, el Ministerio ha criticado la actitud de los manifestantes que, sostiene, "pone en duda la legitimidad de sus demandas".
Según explican, un civil habría lanzado una granada lacrimógena, dispositivo que el Ministerio asegura que "no es de dotación de la institución del orden", y que se trata de una "granada de gas tipo 'béisbol' que no usan los uniformados".
Los altercados se han producido cuando los manifestantes trataron de acceder a las inmediaciones del palacio de Gobierno y fuentes gubernamentales han asegurado que se recurrió al gas lacrimógeno para evitar cualquier tipo de confrontación directa. Varios de los manifestantes han tenido que ser atendidos por las autoridades sanitarias.
El pasado 21 de marzo, alrededor de un centenar de personas con discapacidad comenzaron una marcha desde la ciudad de Cochabamba hasta la capital del país, situada a más de 300 kilómetros de distancia. Reclaman sustituir la ayuda de 1.000 bolivianos (alrededor de 129 euros) que reciben anualmente por una cantidad mensual equivalente a 64 euros. El Gobierno de Bolivia, por su parte, ha declarado que el aumento afectaría demasiado a las arcas públicas y que no es posible.