SANTIAGO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente chileno, Sebastián Piñera, ha enviado este martes al Congreso un proyecto de reforma de la justicia militar con el que busca que unas 4.000 causas, entre ellas las de indígenas mapuches, sean derivadas a tribunales civiles.
Con este gesto, Piñera intenta poner fin al conflicto desatado por una treintena de mapuches que iniciaron hace casi 60 días una huelga de hambre en rechazo a que sus casos sean procesados a través de tribunales militares y para exigir al Estado que derogue la Ley Antiterrorista.
"Más de 4.000 causas que hoy día son conocidas por tribunales militares, muchas de las cuales afectan a activistas pertenecientes al pueblo o a la causa mapuche, pasarán a ser conocidas por tribunales civiles", ha aseverado Piñera.
"Esto es: los militares en tribunales militares, los civiles en tribunales civiles", ha insistido, al anunciar que con esta reforma Chile estará dando "cumplimiento a los tratados internacionales que ha suscrito y particularmente al pacto de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana de Derechos Humanos".
La iniciativa no incluye la Ley Antiterrorista, sancionada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) para perseguir a sus opositores, la cual no fue derogada por los gobiernos de izquierda de la Concertación que la aplicaron para algunos crímenes, a pesar de que la ONU ha criticado esta normativa porque discrimina a las comunidades indígenas.
Piñera, no obstante, ha anunciado que en los próximos días enviará otra propuesta para "perfeccionar" la Ley Antiterrorista "de forma tal de que la sanción a las conductas terroristas, que es algo que toda democracia necesita y requiere, se haga con los mejores estándares y con las mejores normas internacionales".
Los 32 mapuches que realizan la huelga de hambre fueron arrestados en el marco de la Ley Antiterrorista durante diversos hechos violentos en la Región de Araucanía (centro), donde los indígenas mantienen una lucha por el reconocimiento de sus tierras. Desde el año 2009, la región permanece militarizada, hecho que también rechazan los aborígenes.