MÉXICO DF, 27 Nov. (Reuters/EP) -
La Policía Federal de México se ha mostrado este jueves abierta a que se investigue a sus efectivos para determinar la veracidad de acusaciones de organismos de derechos humanos de uso excesivo de la fuerza, especialmente en dos enfrentamientos con civiles este año que dejaron decenas de muertos.
El jefe de ese poderoso cuerpo de seguridad, Enrique Galindo, ha dicho este jueves a la agencia Reuters que está interesado en saber "si hay un exceso o no". "Y si hay un exceso, sancionarlo, y si no lo hay, decirlo", ha señalado.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció el pasado miércoles que seis personas fallecieron en enero por represión policial desmesurada a una manifestación en Apatzingán, una ciudad del violento estado de Michoacán.
Esa denuncia siguió a otras de organismos internacionales como Human Rights Watch, informes periodísticos y datos obtenidos por Reuters que indican que agentes de la Policía Federal (PF) --conformada por unos 41.000 efectivos-- habrían cometido abusos en mayo en otro supuesto enfrentamiento en un rancho del municipio de Tanhuato, también en Michoacán.
Allí, los policías federales abatieron a 42 personas y un efectivo murió en el incidente, según información de fiscales y de la misma Policía Federal, uno de los principales cuerpos de seguridad de combate al narcotráfico, junto con el Ejército y la Marina.
"En ambos casos nuestra posición es de aportar todos los datos que lleven al esclarecimiento de los hechos y desde luego, si hay responsabilidad, vamos a actuar responsablemente. Estoy esperando que la Procuraduría (Fiscalía) termine el proceso de investigación", ha agregado Galindo.
En su momento, el funcionario había afirmado que en Tanhuato ocurrió un enfrentamiento entre delincuentes y policías y negó cualquier posibilidad de abusos.
VERSIONES ENCONTRADAS
Sin embargo, familiares de las víctimas mostraron a Reuters algunas fotografías donde se observa que, además de los impactos de bala, varios cuerpos tenían signos de haber sido torturados.
Galindo ha declinado comentar detalles de ese caso alegando que hay un proceso de investigación en curso y ha añadido que todos los policías que actuaron en los dos hechos fueron citados ante el Ministerio Público con sus armas y vehículos, inmediatamente después de lo acontecido.
En su informe sobre Apatzingán, la CNDH detalló que una de las víctimas fue asesinada extrajudicialmente y que las otras cinco fueron abatidas por los agentes federales aún cuando sólo se encontraban armadas con palos y alzaron las manos en señal de rendición.
El informe también contradice la versión del entonces comisionado especial para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, quien afirmó que las muertes se dieron por fuego cruzado.
Los señalamientos sobre abusos en Apatzingán y Tanhuato siguieron a un sonado caso de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército en la localidad de Tlatlaya en junio del año pasado, cuando 22 supuestos delincuentes fueron abatidos por soldados.
En un primer momento, el Gobierno dijo que fue un enfrentamiento pero artículos periodísticos lo forzaron meses después a aceptar que al menos quince de ellos fueron ejecutados por los militares. Varios soldados se encuentran bajo proceso judicial.