BRASILIA, 13 Feb. (Notimérica) -
Las posibilidades de que en Brasil tenga lugar un proceso de impugnación o destitución del Gobierno de Dilma Rousseff han aumentado de un 15 a un 30 por ciento en sólo un mes, según un estudio elaborado por la consultoría política Arko Advice.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y crítico con la mandataria, ha indicado, sin embargo, que no cree que pueda existir un espacio para la discusión de un posible 'impeachment' (impuganción).
En Brasil, para comenzar con un proceso de destitución del Gobierno, es precisa una denuncia al presidente por crímenes de responsabilidad, pero cualquier ciudadano puede realizarla. Después, el presidente de la Cámara de Diputados es el encargado de abrir una comisión especial para analizar la petición.
Para que se abra el proceso de destitución, dos tercios de la Cámara de Diputados debe votar a favor de su instauración. Entonces, el senado debe decidir, en la misma proporción, si el mandato puede ser interrumpido o no.
La única vez que se ha llevado a cabo un proceso de impugnación del Gobierno en Brasil fue durante el mandato del expresidente Fernando Collor de Mello, en un proceso que duró cerca de siete meses en 1992. En este caso, el exmandatario estaba directamente implicado en un escándalo de corrupción.
A pesar de las acusaciones de los delatores de la Operación Lava Jato, hasta ahora no hay pruebas de que Rousseff haya autorizado las acciones practicadas en la petrolera estatal Petrobras. Por este motivo, dos de los tres juristas consultados por la revista 'Exame' han indicado que la destitución no procede.
"Sería una aberración desde el punto de vista jurídico la apertura de un proceso de destitución ahora", ha indicado la jurista Cláudio Pereira de Souza Neto.
"La situación de Dilma es muy delicada. Hay un conjunto de elementos alrededor de ella. Sin embargo, es preciso tener un conjunto de indicios convergentes para abrir un proceso de impugnación", ha indicado el profesor Carlos Ari Sundfeld, de la Facultad de Derecho de la Fundación Getulio Vargas.