CIUDAD DE MÉXICO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de México ha presentado este martes ante la secretaría general de la Cámara de Diputados una solicitud para que se celebre un juicio político contra Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal y ahora secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón, por presuntas irregularidades en la investigación del 'caso Ayotzinapa'.
El coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, ha encabezado la delegación de la formación que ha presentado la solicitud ante la secretaría, según ha indicado el diario 'Informador'.
Zerón, que dimitió a mediados de septiembre de la dirección general de la Agencia de Investigación Criminal, está acusado por parte de los familiares de los 43 estudiantes 'normalistas' desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014 de haber colocado pruebas falsas en un lugar donde se encontraron bolsas con restos humanos.
La diputada del PRD Cristina Gaytán, parte de la delegación que ha presentado la solicitud, ha explicado que esta petición responde a las conclusiones de la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señala a Zerón de haber estado en una de las escenas del crimen horas antes de la diligencia formal.
Gaytán asegura que tras conocerse esta situación la Procuraduría General de la República (PGR) y el Gobierno federal en lugar de cesarlo, como exigían las familias --y por lo que se levantaron de la mesa de negociación con la Fiscalía el pasado mes de agosto--, se le ha premiado con el nuevo cargo.
"Se le pudo haber separado del cargo desde el principio para que las familias de las víctimas tuvieran certeza en esta investigación", ha señalado Gaytán.
La solicitud se enviará a la subcomisión de Examen Previo para su posterior revisión.
CASO AYOTZINAPA
El 26 de septiembre del 2014, un centenar de estudiantes pertenecientes a la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa llegaron a Iguala, en el estado de Guerrero, para apoderarse de autobuses que iban a utilizar para acudir a una protesta en la capital, cuando fueron atacados a tiros por policías municipales y sicarios.
Tres murieron durante las primeras horas del ataque, mientras que los restos calcinados de otro más fueron hallados más tarde e identificados. Los otros 42 continúan desaparecidos.
Los familiares de los jóvenes nunca dieron credibilidad a las conclusiones del entonces fiscal Jesús Murillo, que según abogados conocedores del caso trató de cerrar el caso cuanto antes porque perjudicaba al Gobierno.
Uno de los aspectos fundamentales es esclarecer qué papel jugaron esa noche la Policía Federal y el Ejército, que estaban al tanto de los movimientos de los estudiantes, pero no intervinieron para impedir el ataque contra los jóvenes desarmados y en pleno centro de la ciudad. Al parecer una patrulla de la Policía Federal llegó a detener uno de los autobuses en los que se desplazaban los estudiantes.