MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Allup, ha demandado este martes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante la Fiscalía, en otra muestra de la tensión entre ambos organismos desde la victoria opositora en las elecciones de diciembre.
Ramos Allup ha ido durante la jornada al Ministerio Público para presentar un escrito en el que enumera las presuntas violaciones cometidas por el TSJ contra el Parlamento desde que se encuentra en manos de la oposición.
Asimismo, ha recalcado que los diputados opositores "no acatarán ninguna sentencia ni ninguna decisión de ningún organismo del Poder Público que viole la Constitución", según ha informado el diario venezolano 'El Universal'.
"No nos podemos hacer parte de un proceso incriminatorio en el que ni siquiera podemos nombrar nuestros abogados sino que debería hacerlo el procurador general de la República, quien no cumple con los requisitos para ser procurador sino que es un encargado, que no ha sido nombrado por la AN", ha dicho.
En este sentido, ha vuelto a recalcar que siete de los miembros de la Sala Constitucional del TSJ no cumplen los requisitos constitucionales para ser magistrados.
"No puede ser posible que un organismo viciado de nulidad absoluta como es la Sala Constitucional del TSJ trate de tener vigencia por encima de la voluntad popular expresada en las últimas elecciones", ha remachado.
En julio, la AN anuló el nombramiento de trece integrantes titulares y 21 suplentes del TSJ, argumentando que la designación estaba "viciada".
En marzo, el propio TSJ recalcó que cualquier acto impulsado desde la Asamblea Nacional para revisar la designación --en este caso 'in extremis'-- de sus magistrados excede las facultades parlamentarias previstas en la Constitución.
La designación de los magistrados del TSJ es especialmente importante en el actual contexto político venezolano, con una Asamblea Nacional en manos de la MUD --después de 16 años de hegemonía 'chavista'-- y Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.
El TSJ será el responsable de dirimir los conflictos que se planteen entre Parlamento y Gobierno por la aprobación de leyes, decidiendo en qué casos prevalecerá el veto presidencial y en cuáles la decisión del Poder Legislativo.