QUITO (Reuters/EP) - El presidente de Ecuador, Rafael Correa, pidió el viernes la terminación unilateral de contratos suscritos entre el Estado y su hermano, en un intento por callar las críticas sobre una supuesta injerencia del mandatario para beneficiar a su familia con millonarios proyectos.
La decisión del popular líder de izquierda obedece a una denuncia presentada por el diario El Expreso, que en múltiples notas ha revelado información sobre empresas y contratos públicos adjudicados a su hermano mayor, Fabricio Correa, quien habría obtenido proyectos por unos 80 millones de dólares.
Las publicaciones, de las que se han hecho eco otros medios de comunicación, desataron fuertes críticas de varios sectores, incluido el movimiento oficialista.
Ante la presión, Correa pidió investigar el supuesto tráfico de influencias y posibles perjuicios, y posteriormente, la terminación de esos contratos.
"He ordenado a las autoridades del Gobierno que bajo estricto apego al derecho busquen la terminación unilateral de los contratos que según las investigaciones (...) tengan relación con mi hermano Fabricio Correa", dijo el mandatario en una intervención televisada.
Los contratos se habrían adjudicado a compañías de propiedad del hermano del presidente, algunas de las cuales habrían sido integradas como empresas de papel en Panamá, según la investigación.
La constitución de estas firmas ha sido cuestionada duramente por Correa, quien argumenta que se han creado "paraísos fiscales" y prohibió que el Estado contrate compañías constituidas en ese país, lo que desató un roce entre ambas naciones.
En Ecuador está prohibido que los hermanos del presidente sean contratistas del sector público.
"Si mi hermano fuera presidente jamás le hubiera hecho esto (...) Mi hermano no debió contratar con el sector público", agregó Correa, al reconocer su insatisfacción con los contratos.
El mandatario no especificó el número de acuerdos ni el monto al que ascenderían, pero aclaró que hasta el momento no se ha podido encontrar ningún tipo de perjuicio, favoritismo o ilegalidad.
No obstante, Correa aseguró que aplicará su decisión pese a las posibles demandas "millonarias" que podría haber en contra del Estado en caso de no poder demostrar eventuales irregularidades.
(Por Alexandra Valencia. Editado por Patricia Vélez)