CIUDAD DE MÉXICO, 12 Mar. (Notimérica)
El mexicano Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha llevado este lunes a la Organización de Estados Americanos (OEA) sus acusaciones contra el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, investigado por la Fiscalía por corrupción en el marco de una operación inmobiliaria.
La secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, ha entregado al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, la documentación pública de la investigación de Anaya con el objetivo de que la institución difunda esa información entre sus estados miembros y sea tenida en cuenta por el jefe de la misión de supervisión de las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio, informa 'El País'.
La carta advierte de que Anaya trata de sofocar el trabajo de la Procuraduría General de la República (PGR) y acudir a instancias internacionales para que presionen a las mexicanas, según informa 'Milenio'.
"Los ciudadanos tenemos el derecho a exigir a cualquier candidato que explique los señalamientos por presuntos actos delictivos que se le imputan, que se someta a rendición de cuentas y que dé explicaciones claras sobre la responsabilidad que debe tener sobre sus actos y su patrimonio", ha sostenido Massieu.
Mantiene que la iniciativa es una respuesta a la carta que la semana pasada un grupo de senadores del Partido de Acción Nacional (PAN), al que pertenece Anaya, envió a Almagro, pidiendo su opinión sobre la supuesta "persecución política" a la que se encuentra sometido el candidato.
"Es muy grave que se pretenda manipular a la opinión pública usando y abusando de la OEA", afirma Massieu. "Se puede crear un precedente para que cualquier persona señalada por algún acto ilegal busque ocupar una candidatura como forma de obtener un fuero de facto. Esto significaría un retroceso mayúsculo para la sociedad mexicana en términos de la lucha contra la impunidad", asegura.
Anaya es investigado por la compra de un terreno, posesión de su familia, por 54 millones de pesos (2,9 millones de dólares). Ese terreno lo convertiría en nave industrial y luego lo volvería a vender a la firma Manhattan Master Plan. La PGR cree que esta operación fue financiada una red de lavado de dinero.