BOGOTA (Reuters/EP) - La Procuraduría General de Colombia anunció el miércoles el inicio de una indagación a tres congresistas por supuestos vínculos con las FARC, que fueron revelados en archivos encontrados en los ordenadores del jefe rebelde Raúl Reyes muerto en Ecuador.
La investigación de la Procuraduría, que vigila a los funcionarios al servicio del Estado, es independiente a la que comenzó la Corte Suprema de Justicia por los mismos hechos a solicitud de la Fiscalía General.
"Se inició la indagación preliminar. Se ha venido actuando de acuerdo con las piezas procesales y se han recaudado varias pruebas, las cuales serán valoradas para tomar decisiones posteriores", dijo a periodistas el procurador Alejandro Ordóñez.
Los legisladores investigados por el alto tribunal y ahora por la Procuraduría son Piedad Córdoba, del Partido Liberal; así como Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez del izquierdista Polo Democrático Alternativo.
De ser encontrados responsables por la Procuraduría, los congresistas podrían perder sus investiduras y quedar inhabilitados para ocupar cargos de elección popular.
Reyes murió junto a otras 24 personas, a comienzos de marzo del 2008, en un ataque de militares colombianos en una zona selvática de Ecuador, lo que provocó una enérgica reacción del presidente Rafael Correa, quien calificó la operación como una masacre que violó la soberanía de su país y que llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas con Bogotá.
"Estoy dispuesta a acatar cualquier decisión de ese organismo, a atender sus requerimientos y a dar las explicaciones pertinentes acerca de mi conducta y mis actuaciones como ciudadana y como congresista, actuaciones las cuales, siempre han estado ajustadas a la ley", dijo Córdoba.
La legisladora ha participado en los últimos años en la liberación unilateral de varios rehenes de las FARC.
La investigación por los supuestos vínculos de los congresistas que realiza la Corte Suprema de Justicia ha sido denominada como la "Farcpolítica".
El mismo tribunal investiga los supuestos nexos de más de 60 congresistas, la mayoría aliados del presidente Alvaro Uribe, con antiguos paramilitares de ultraderecha, en una pesquisa que llevó a la cárcel a unos 30 legisladores.