SAN JUAN, 2 Jul. (EP/AP) -
El Gobierno puertorriqueño cerró este sábado su año fiscal sin la aprobación de la esperada reforma contributiva que podría ayudar a aliviar el déficit en más de 1.000 millones de dólares, que en mayo causó el cierre parcial gubernamental, y que evitaría una nueva degradación del crédito de la isla.
La controversia de carácter legal entre el Ejecutivo y el Legislativo por la reforma será dirimida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Esta corte deberá decidir si accede a la petición conocida como 'mandamus' que realizó el gobernador Aníbal Acevedo Vilá para obligar al presidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, a que firme y remita para la rúbrica del mandatario un proyecto de reforma con un impuesto sobre las ventas del 7 por ciento.
En este país, una reforma contributiva es una modificación en el sistema de impuestos. No es lo mismo que una reforma fiscal, que en Puerto Rico significa hacer ajustes en los métodos que utiliza el gobierno para gastar dinero.
La Cámara de Representantes aprobó el 21 de junio la reforma contributiva, e informó que el impuesto sobre las ventas sería de 5,5 por ciento. El día 25 del mismo mes, el Senado refrendó la medida sin enmiendas, pero se percató de que el impuesto que contenía el proyecto sumaba 7 por ciento y no 5,5 por ciento.