BOGOTÁ, 4 Oct. (Colprensa/Notimérica) -
El poco esperado 'no' de los colombianos al acuerdo de paz del Gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha llevado al presidente Juan Manuel Santos a buscar el consenso entre los principales detractores a lo pactado: los partidarios del exmandatario Álvaro Uribe.
Aunque el Gobierno Nacional y los líderes de las FARC se han mostrado abiertos a buscar soluciones frente a los acuerdos, la posición de los opositores --en su gran mayoría de Centro Democrático-- aún está por concretar.
Por el momento, este lunes Uribe propuso que se lleve a cabo una gran amnistía a los guerrilleros de las FARC que no hayan cometido delitos graves con el objetivo de alcanzar un estatus de seguridad.
No obstante, en el proceso de negociación y en la campaña para la refrendación ya se dejaron claras algunas posiciones sobre la discordia, que estaría fundamentada en tres aspectos: el capítulo de justicia, la restitución de tierras y la participación política de las FARC.
Sobre esta renegociación, en su primera reunión en La Habana tras el plebiscito, la guerrilla indicó que lo negociado con el Gobierno se mantiene firme y que la consulta tuvo "un efecto político" pero no jurídico.
Al respecto, para el analista político Jhon Mario González no es tan fácil que se renegocie el acuerdo, ya que el 'uribismo' querrá llegar con sus propios puntos y las FARC harán lo mismo.
"Para las FARC será inaceptable modificar los puntos de cárcel efectiva y no participación política de quienes estén en crímenes de lesa humanidad", explicó González.
Entretanto, expertos consultados por 'Colprensa' analizaron los tres puntos que podrían ser renegociables, así como las líneas rojas dentro de estos.
EL PROBLEMA DE LA JUSTICIA
En relación al problema de la justicia, el profesor de Comunicación Política de la Universidad Externado, Carlos Arias, aseguró que es necesario analizar detenidamente aspectos como la amnistía y los límites que existen entre la justicia ordinaria y la transicional, contemplada en los acuerdos.
"Esos límites de la justicia tradicional y la justicia transicional son los más complejos, porque la segunda significaría, según los opositores a los acuerdos, que se estarían transgrediendo los límites de la propia justicia, lo que quiere decir que los miembros de las FARC serían juzgados con un rasero diferente a otros desmovilizados, como de los grupos paramilitares", manifestó Arias.
En este punto también entran en juego los delitos de lesa humanidad, ya que los acuerdos no aclaran qué ocurrirá con este tipo de penas, razón que han argumentado los opositores al acuerdo, por lo que se tendría que entrar a precisar o modificar ese texto.
"Se deben precisar más esas restricciones a la libertad y hacer un endurecimiento en las penas, especialmente por los crímenes de lesa humanidad", explicó el director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado, Frederic Massé.
POLÉMICA POR LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
En cuanto a la participación política de los guerrilleros, esta supone otro gran punto de discordia entre las partes.
"Muy relacionado con el tema de los crímenes de lesa humanidad está la participación política, en el sentido de quiénes podrían ser la cabeza de esas curules y si hay que entregar curules en forma inmediata o no", señaló la directora de Derecho de la Universidad de La Sabana, Juana Acosta.
De acuerdo con Acosta, el principal problema dentro de este ámbito se encuentra en las plazas que se les dan "regaladas" (los guerrilleros tendrían una representación del diez por ciento asegurada).
Por contra, para el experto Massé, este punto sería más general, y englobaría varios aspectos: la entrega de menores de edad de las filas de la guerrilla y buscar "más compromiso por parte de las FARC, que haya un trabajo verificado y no solamente que vayan a recibir ventajas, que sea comprobable".
LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS
En último lugar, el tercer punto polémico gira entorno a la cuestión de cómo será la restitución de tierras. Este asunto podría ser de los "más complejos", ya que, según expertos, "toca neurálgicamente el alma de los principales opositores del 'no', porque mucha tierra que está ocupada por las FARC va a ser reclamada (por ellos) y el Gobierno establece que debe ser restituida".
"Es un tema económico, histórico de posesión de tierras. Cuando se empiece a revelar que todas estas tierras tuvieron algo que ver con el conflicto armado, tendrían que respaldar las titulaciones e ir a declarar, lo que podría llegar --en algunos casos-- a revelar cómo fueron adquiridas", manifestó Arias.
A estos puntos se sumarían otros tantos establecidos en la negociación, como el enfoque de género, con el que podría verse afectado el "concepto de familia".
Así, tras los resultados indeseados para el Gobierno y la guerrilla, lo primordial en estos momentos sería asegurar que existe "un compromiso real de las FARC y que se den acuerdos mucho más explícitos de cara al país".