BOGOTÁ, 1 Feb. (Colprensa/Notimérica) -
Durante el primer día de María del Pilar Hurtado en Colombia, durmió poco, no habló con sus familiares, pidió garantías de seguridad y ahora será compañera de celda en el bunker de la Fiscalía del hacker Andrés Fernando Sepúlveda y Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario'.
María del Pilar Hurtado, con 51 años de edad, regresó al país tras seis años de estar escapando del proceso judicial por las 'chuzadas' del DAS. Hoy se le vio demacrada, nerviosa y más delgada frente a la última imagen que se conoció de ella en 2014. A los medios de comunicación los miró con temor y a los abogados de las víctimas de sus acciones ilegales los saludó sin mirarlos a la cara.
La mujer que estuvo escapando de la justicia durante seis años se enfrentó a los estrados judiciales escoltada por más de 20 investigadores del CTI de la Fiscalía, y ahora se espera acoja la propuesta del fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, quien la invitó a colaborar con la Justicia y que cuente al país quienes dieron las órdenes de las interceptaciones ilegales y los destinatarios finales de estos seguimientos que se realizaron bajo su dirección en el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
"La entidad sigue abierta a mecanismos de colaboración con la justicia para que María del Pilar Hurtado colabore y cuenta quienes estuvieron detrás de todas estas interceptaciones ilegales", dijo el fiscal Eduardo Montealegre.
Agregó que la Interpol reconoció que el caso de María del Pilar Hurtado no se trata de un delito político sino de delitos comunes que llegaron a afectar incluso los derechos humanos. "La Interpol es una entidad de más de 190 países, autónoma frente a cualquier gobierno", declaró Montealegre.
Así mismo, el funcionario aseguró que no hay matiz político en las conductas delictivas que se le endilgan a la ex directora del DAS, "los delitos por los que se investiga a María del Pilar Hurtado no son delitos políticos. Son delitos comunes", dijo el jefe del ente investigador.
Eso en respuesta al ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe, quien dijo que la circular roja por parte de la Interpol en contra de Hurtado obedeció a presiones del presidente Juan Manuel Santos durante su reciente gira por Europa.
Así mismo, anunció que es posible que la pena por la que debe responder la ex funcionaria llegaría de 15 a 20 años, y afirmó que se solicitó la pena privativa de la libertad al concluir que con este delito se gestó una empresa criminal contra magistrados, líderes de oposición y líderes de derechos humanos.
LA AUDIENCIA DE LEGALIZACIÓN DE CAPTURA
El presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Magistrado Gerson Chaverra, sobre las 5:00 de la tarde de este sábado, declaró legal la captura de la ex directora del DAS.
"Escuchados los argumentos de la Fiscalía, los abogados y la defensa consideró que se presentaron los documentos suficientes que permiten inferir que la detención de Hurtado Afanador cumplió con todos los requisitos establecidos por la ley, hecho por el cual no se presentaron irregularidades", dijo el juez.
En este sentido, consideró que la medida de aseguramiento dictada por un magistrado del Tribunal en mayo de 2011 continúa vigente, así como la orden de captura dictada en su contra el pasado 16 de enero. Y avaló la petición de la Fiscalía para que por motivos de seguridad y protección permanezca en una celda del ente investigador con las medidas especiales que impidan que su vida corra riesgo.
Por su parte, el abogado defensor Jaime Camacho y los abogados del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, la ex senadora Piedad Córdoba y la ex representante a la cámara Yidis Medina, quienes fueron avaladas como víctimas en el proceso de 'chuzadas', estuvieron de acuerdo con la decisión del Magistrado.
"Estamos de acuerdo en que se respetaron la legalidad y se brindaron las garantías para la captura de María del Pilar Hurtado", expresaron los abogados.
Con esta determinación, la mujer fue trasladada por los más de 20 investigadores del CTI de la Fiscalía, quienes la protegieron y evitaron que alguna persona se le acercara. Ahora pasará a ser compañera del hacker Andrés Fernando Sepúlveda, y Diego Rendón Herrera, alias 'Don Mario', quienes también se encuentran detenidos en estas instalaciones.
La ex directora del DAS no saldrá de esas celdas sino para las diligencias de la Corte Suprema, que está a punto de emitir un fallo condenatorio en su contra por las chuzadas.
ASÍ FUE SU TRASLADO
Hurtado Afanador, tras enterarse de la circular roja en su contra, tomó contacto con la embajadora de Colombia en Panamá, Ángela Benedetti, con quien coordinó su entrega; y al mediodía del viernes se presentó en el Consulado.
Seguidamente se comunicó la situación a la Fiscalía, en donde de inmediato se designó a una comisión del CTI, encabezada por su director Julián Quintana, el director de la Dijín, general Jorge Rodríguez Peralta, y dos investigadores más, esta comisión llegó, sobre la medianoche a Ciudad de Panamá.
Solo a las 3:00 de la mañana de este sábado se hizo efectiva la captura y se coordinó todo para su traslado a Colombia. Toda la operación fue hecha en una avioneta de antinarcóticos de la Policía, que aterrizó a las 4 de la mañana en el aeropuerto militar de Catam.
"Ella nos manifestó que tenía miedo por su seguridad, también nos pidió que no estuvieran presentes los medios de comunicación en su llegada, ya que no quería enfrentarse a esta situación todavía", dijo a Colprensa una fuente del ente investigador.
Al llegar a Bogotá la esperaba un esquema de seguridad y fue trasladada en camionetas blindadas hasta el búnker de la Fiscalía, a donde llegó a las 5:00 de la mañana y se realizaron los procedimientos de reseña. Hasta el momento la mujer no acogió su derecho de comunicarse con sus familiares y la única comunicación que ha tenido es con su abogado Jaime Camacho.
GARANTÍAS DE SEGURIDAD
Todas las víctimas coincidieron en que a María del Pilar Hurtado toca protegerla de cualquier hecho que pueda afectar su seguridad. Además, se debe insistir para que cuente quienes estuvieron detrás de sus acciones ilegales y que hoy solo ella está pagando, entre otros funcionarios que aguardan por los fallos judiciales en su contra.
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