CIUDAD DE GUATEMALA, 30 May. (EUROPA PRESS) -
La Sala de la Corte de Apelaciones del ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo ha confirmado la sentencia de 18 años de prisión impuesta a nueve integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC), entre comisarios, inspectores y agentes policiales, por su participación en el contrabando de gasolina.
Los sentenciados facilitaban el paso del combustible que ingresaban de manera ilegal al país por la Aduana Pedro de Alvarado, desde El Salvador hacia la ciudad de Guatemala para su comercialización.
El fallo de la Sala ha sido notificado a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que actuó como querellante adhesivo en este proceso penal.
El tribunal ha desestimado así la apelación que la defensa presentó contra la resolución del Tribunal Primero de Mayor Riesgo A, que el 17 de enero pasado condenó al personal de la PNC a 8 años de prisión por asociación ilícita y a 10 años por contrabando aduanero.
Los sentenciados son los comisarios José Alfonso Cruz Valdéz, Erick Noé Palacios López, y Freddy Fernando López Trabanino; el subcomisario
Luis Francisco González Estrada; el inspector Lile Castañeda Sandoval; los oficiales Juan Zacarías Zacarías, Lorenzo Hurtado Corado, y José Ángel Véliz Valdéz; y el agente policial Amílcar René Franco Cabrera.
Por este caso se encuentran pendientes de enfrentar juicio otras 11 personas, entre empresarios, particulares y ex funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), quienes eran parte de la organización criminal, según informó la CICIG.
FACILITABAN PASO DEL COMBUSTIBLE
Los sentenciados, integrantes de la estructura, facilitaban el paso de combustible que ingresaron de manera ilegal al país por la Aduana Pedro de Alvarado, desde El Salvador hacia la ciudad de Guatemala para su comercialización.
Esta estructura también estaba integrada por empresarios, particulares, ex policías y policías activos, así como funcionarios y ex funcionarios de la SAT, quienes ingresaron de manera ilegal combustible desde el 2008 al 2012.
Entre las pruebas que se aportaron en el juicio están las interceptaciones telefónicas y la información extraída de los teléfonos celulares incautados a los sindicados. Durante la investigación de este caso fueron analizadas más de 30.000 llamadas telefónicas.
El Tribunal validó las declaraciones de testigos y peritos que detallaron la forma en que operaba la organización criminal en el robo de gasolina, así como las pruebas documentales consistentes en declaraciones falsificadas de importación de gasolina.
Estas pruebas fueron halladas en distintos allanamientos en donde las autoridades localizaron bombas, armas de uso exclusivo del Ejército y de fuerzas de seguridad, marchamos de la Superintendencia de Administración Tributaria y sellos falsos de notarios con los que elaboraban documentos ilegales.