MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente cubano, Raúl Castro, ha defendido la necesidad de "ahorrar" los recursos que tiene el país y no malgastarlos y a reparar la maquinaria y los equipos que todavía pueden seguir siendo "útiles" en el marco de las reformas económicas que la isla está llevando a cabo en los dos últimos años.
Castro hizo estas recomendaciones durante una reunión del Consejo de Ministros celebrada el viernes pasado y de la que ha informado este lunes el diario estatal 'Granma'.
En la misma, el presidente incidió en la necesidad de evitar el derroche de recursos pues "el ahorro constituye la principal fuente de ingresos que tiene nuestra economía". En su opinión, según el diario oficial, no se puede salir a buscar fuera de Cuba lo que se puede producir en el país.
Para hacer frente a este problema, el mandatario resaltó la importancia de mejorar la capacitación y preparación de los directivos y trabajadores, ya que son ellos los que tienen que poner en práctica las medidas que se van aprobando en el marco de los Lineamientos de la Política Económica.
Igualmente, Castro defendió la necesidad de que se recupere todos los equipos y maquinaria que puedan repararse en virtud de una política de mantenimiento. "Muchos de los equipos viejos que hoy están paralizados pueden ser útiles todavía", subrayó, poniendo como ejemplo al Ejército, que ha logrado modernizar el armamento ante los precios prohibitivos en el mercado internacional, según 'Granma'.
En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó la política para definir prioridades y sistemas de trabajo para el adecuado empleo de máquinas y equipos, con el objetivo de detener el deterioro y el desmantelamiento indiscriminado del parque de maquinaria industrial de que goza el país.
A este respecto, el ministro de Industrias, Salvador Pardo Cruz, indicó que entre 2001-2010 se importaron productos por valor de 689 millones de pesos convertibles que anteriormente se fabricaban en el país. Además, de los 58.000 equipos revisados a casi 2.000 entidades se ha constatado que un elevado número están en estado deficiente y obsoleto, mientras que el índice de utilización es del 30 por ciento.
UNIFICAR LEYES Y SANCIONES
Por su parte, la ministra de Justicia, María Esther Reus, defendió la necesidad de unificar las sanciones y las leyes que las estipulan, ante la gran dispersión legislativa actual, a lo que se suma la existencia de 30 cuerpos de inspección, según recoge 'Granma'. Asimismo, puso de relieve la escasa aplicación y ejecución de medidas más ejemplarizantes como la suspensión de licencias y permisos o los decomisos.
En este sentido, según el diario oficial, durante el Consejo de Ministros se propuso "reunir en una sola norma general con rango de ley las conductas que constituyen contravenciones y las medidas a imponer con un único procedimiento para su aplicación en las condiciones de la actualización del modelo económico".
Así, se determinará el monto de la multa teniendo en cuenta la gravedad de la falta y sobre la base del salario mínimo; se considerará la reincidencia de los infractores para el agravamiento de las sanciones; se aplicarán bonificaciones a quienes paguen dentro de las 72 horas posteriores a la imposición; y se facultará a la entidad encargada del cobro para ejecutar los embargos de bienes, salarios, cuentas bancarias y otros ingresos en caso de incumplimiento, precisa el periódico.
Durante la reunión, el titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, resaltó que la exportación de servicios se ha convertido en la principal fuente de ingresos en divisas para el país y tiene grandes potencialidades de continuar incrementándose. Asimismo, destacó que durante 2012 los mayores índices estuvieron en los sectores de la salud y el turismo.
Por su parte, el ministro de Economía y Planificación, Adel Yzquierdo Rodríguez, informó sobre las irregularidades y manifestaciones delictivas en la comercialización de los combustibles.
Según dijo, las sustracciones se producen principalmente en refinerías, bases de transporte y gasolineras, debido fundamentalmente al deficiente control sobre los carburantes y a la carencia de instrumentos de medición o a la utilización de estos sin la certificación requerida.
"La alta demanda y las ganancias que genera este tráfico ilícito provoca el asedio permanente a los trabajadores del sector por parte de personas inescrupulosas que luego venden el combustible hasta en un 60 por ciento por debajo de los precios oficiales", denunció el también vicepresidente.